Aunque el conflicto de La Casería estaba predestinado a protagonizar el pleno que ayer se celebró en San Fernando dada la moción conjunta que llevaba para su debate la oposición, las novedades conocidas apenas unas horas antes –los avances en el proyecto de regeneración de la playa, la reunión mantenida con el Ayuntamiento en la misma mañana de ayer y la decidida postura de Costas, que convierte en papel mojado el expediente para la declaración de interés público– condicionaron la sesión hasta tal punto que la alcaldesa, Patricia Cavada, llegó a admitir que "lamentablemente Costas tiene un criterio bastante claro" con respecto a estas ocupaciones en zona de dominio público.

La "esperanza" a la que se aferra la regidora –así lo dijo– se confía a un cambio de postura de Costas a la luz de la tramitación del expediente para la declaración de interés público que permitiera que "cuestiones que se han prejuzgado se volvieran a considerar una vez que se tenga la documentación". Y también a la presión conjunta que se pueda ejercer desde el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la ciudadanía isleña para forzar a la Dirección General de Costas a dar marcha atrás en las demoliciones y conservar el pintoresco conjunto de la playa de La Casería.

La oposición en bloque –PP, AxSí, Vox y Podemos– aprovechó para poner contra las cuerdas al equipo de gobierno y reclamarle más información. Incluso llegó a culpar expresamente a Cavada de lo ocurrido al impulsar de la mano de Costas el proyecto de regeneración para posteriormente dar marcha atrás ante el descontento social.

"Usted empezó esto. Usted empezó el derribo de La Casería. Y es la única que lo puede parar haciendo que Costas cambie (de postura)", le dijo José Loaiza (PP) al recordarle que se trata de una administración gobernada por su mismo signo político –el PSOE– y emplazándola a "ir a Madrid" para resolver el problema con la Dirección General y el Ministerio.

También Carlos Zambrano (Vox) urgió a la alcaldesa a presentarse ante sus superiores en la capital para frenar las demoliciones. Y Ana Rojas (Podemos) aireó una "sorprendente" contestación del Ministerio para la Transición Ecológica en la que se afirma que el gobierno local "ha asumido el derribo como ineludible y lo acepta". Por su parte, Fran Romero (AxSí) tiró de la información del día para recriminar la "falta de transparencia" del ejecutivo, al que afeó que ni siquiera hubiese informado de la reunión que mantuvo ayer mismo.

Según el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, en dicho encuentro con Costas, la alcaldesa insistió en la paralización de los expedientes y en una solución que pasara por el diálogo con los afectados.