Los presupuestos municipales de 2023 se han aprobado hoy definitivamente en el primer pleno ordinario del mandato. También han salido adelante las subidas de las tasas de alcantarillado y del agua. Las tres cuestiones han contado con la postura en contra de los tres grupos de la oposición en el caso del documento económico, y el voto negativo de PP y AxSí y la abstención de Vox en la modificación de las ordenanzas fiscales.

Presupuestos: visión de ciudad o alejados de la realidad

Desde el gobierno se defiende el documento económico elaborado para este ejercicio, de 83 millones de euros, que en palabras del concejal de Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez, da la "posibilidad de potenciación de las inversiones y los servicios municipales" por la reducción de la deuda que se encuentra a la mitad respecto a hace 8 años. Se contempla el pago de deuda de algo más de 3 millones frente a los más de 6 millones que pagaba antes, señala, lo que permite invertir "en la mejora de las infraestructuras y espacios públicos".

El presupuesto, expone, potencia la incorporación de personal para las 115 plazas vacantes al incrementar el capítulo I en un 8,56%; permite aumentar las partidas para Limpieza y Recogida de Residuos y Parques y Jardines y duplicar la administración electrónica; y destinar a actividad de carácter social 5,2 millones, con un 4% más para gasto de personal de Servicios Sociales.

También se duplica la inversión en promoción turística y las ayudas a emprendedores, además de incrementar en un 37% la partida para mantenimiento urbano y en un 30% para edificios municipales; y atender una "necesidad imperiosa" que correspondería, a juicio municipal, a la Junta para gestionar las actuaciones en los centros educativos con un millón más que se suma a la partida habitual.

La oposición sin embargo rechaza el documento. Primero, cuestiona que no se cumplan los plazos legales. "Van 9 meses tarde", precisa el portavoz de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, que critica que 50 millones de los ingresos procedan de la recaudación "en los hogares isleños", "casi 1.200 euros por hogar". El dinero destinado a propaganda y a iluminación extraordinaria –frente a la partida para mantenimiento del alumbrado público, que al final se ejecuta a la mitad– resulta excesivo para la formación. Por el contrario lamenta que para empleo solo se reserve un 0,1% del presupuesto municipal. "Se recorta 3,54% el área social, no se invierte lo suficiente en deporte o vivienda y se aumentan los gastos financieros un 200%", apunta Romero.

Vox ha sido el único grupo municipal en presentar alegaciones. "Era necesario este debate", apunta el concejal Carlos Zambrano, que habla del desequilibrio de estas cuentas. "Son casi 3 millones de desequilibrio", señala para cuestionar que la respuesta del gobierno sea que 2se irá solucionando durante el año". "Parten de que no van a dar cumplimiento a los presupuestos", se quejó. "Parten de una mentira", concluye.

Rodríguez había apuntado momentos antes que las alegaciones no se referían a cuestiones de forma, como fija la normativa, sino que reflejaban "una visión diferente a lo que debe ser una ciudad". "No compartimos su visión de ciudad", dejaba claro. "Sí, tenemos otro planteamiento sobre los gastos", le matiza Zambrano. La mejora de calles, del alumbrado público, del transporte público y de la calidad de vida de los ciudadanos y la atracción de "inversiones reales" frente a los locales de negocios cerrados y de la tardanza en conceder licencias son algunas de sus demandas. "Hicieron el presupuesto con prisas, con un contenido electoralista", finaliza.

Para la concejala del Partido Popular (PP) Inmaculada Marín el presupuesto de 2023 "no se adecúa a las necesidades reales de la ciudad". Está, repite, "sobreestimado· en sus ingresos y la previsión de gasto de personal excede la autorización máximo de incremento que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado. "Es pura literatura de intenciones", califica sobre este y los anteriores presupuestos en referencia a que los objetivos planteados no se cumplen, ni van a hacerlo, "por su peligrosa incapacidad de gestión". "El superávit abultado es un error de gestión", considera.

Conrado Rodríguez recuerda que el presupuesto debe recoger las cuantías completas aún cuando los plazos administrativos retrasen su uso. Pone el ejemplo del personal. "Esas 115 plazas vacantes son 6 millones de euros, y el presupuesto debe reflejarlo como si se incorporaran el día 1 de enero. Es una obligación jurídica", recalca. Ocurre lo mismo con las licitaciones de obras, añade. A Marín le responde sobre el superávit que "cuando se incrementa la inversión, multiplicando por cuatro la del mandato del PP el ahorro económico es una medida positiva", porque no significa que no se ejecuten inversiones.

12.000 beneficiarios de las medidas sociales del agua

La aprobación de la subida de las tasas de alcantarillado y de agua también ha enfrentado al gobierno y la oposición. El responsable de Gestión Tributaria defiende las medidas sociales que la actualización de esta ordenanza fiscal incluye: el consumo mínimo vital de 6 metros cúbicos bimestrales gratuito, los descuentos para pensionistas y jubilados, personas con discapacidad de más del 33%, desempleados y víctimas de violencia machista; el aumento de los porcentajes de descuento para familias numerosas; las ventajas para asociaciones de vecinos y entidades sin ánimo de lucro y para nuevas actividades comerciales en los cuatro primeros meses; y la tarifa especial por fugas que no correspondan a una falta de mantenimiento de la red.

Sobre la subida, recuerda Rodríguez que durante el mandato del PP se subió un 13% en un contexto de crisis, mientras que la subida en estos años se queda en la mitad. Añade además que se sube lo que marca el contrato por año, un 3,25%, sin que hayan sido todos los años, lo que lo deja por debajo del IPC. Además calcula que con la prórroga se han ejecutado inversiones por 4 millones de euros. "Mientras que en general los ciudadanos verán que sube un euro el recibo, los colectivos pueden ver reducida la tasa en 20 euros bimestrales", estima. Se beneficiarán de estas medidas sociales, según el dato ofrecido por el equipo de gobierno, en torno a 12.000 personas.

Para el líder de AxSí las medidas sociales resultan "insuficientes para que las familias puedan abordar esta subida producto de la ineficacia en su gestión". Romero apunta a que en abril de 2018 como responsable de Desarrollo Sostenible planteó acabar con el contrato con la concesionaria y por tanto, con las subidas. "No esperaba que dijera que la revisión anual del contrato está por debajo del IPC", ironiza al entender que Rodríguez se refiere a que el contrato, "andalucista de los 90 que tanto me echa en cara de cuando yo estudiaba", hace que el incremento sea más bajo del IPC. Rodríguez le matiza más tarde que el contrato contempla una subida mínima del 3,25% por lo que podría ser mayor. "Han tenido un mandato para haber avanzado en un nuevo contrato", insiste Romero.

El concejal de Vox Carlos Zambrano explica que votó en 2019 a favor de la prórroga para que se realizaran las obras del alcantarillado de Bazán y para que se trabajara en unos nuevos pliegos, pero "no tienen nada". A su juicio, las medidas sociales son mejorables. Leocadia Benavente había introducido en el debate la cuestión de que no se tenga en cuenta para las bonificaciones a las familias que no están dentro de los colectivos contemplados y que no llegan a dos veces el IPREM. Este grupo municipal también pone el acento en el más del millón de euros que arrastra de déficit el servicio.

Por su parte, el concejal del PP Joaquín Rodríguez Balestra lamenta que el gobierno "enmascare" la subida con las medidas sociales. Además, matiza que ya había una bolsa social de 50.000 euros que ahora con estas medidas se reducirá a la mitad. "Lo que hacen es mover la partida económica de un concepto a otro", afirma. "Es poco ambicioso para colectivos como hosteleros y comerciantes”, considera. Igualmente, critica que no se hayan elaborado ya "unos pliegos dignos".

El responsable de Gestión Tributaria apunta a que el cambio a un modelo de gestión mixta, público-privada, "es complejo", porque además plantea un cambio del paradigma con el ciclo integral del agua.