Hace casi ocho años que Antonia, Raúl y los tres hijos de ambos, dos de ellos menores de edad, estaban ocupando una vivienda del la calle La Caña. Un cuarto piso de la conocida barriada de las 512 viviendas en la que se metieron cuando, según relatan, “nos vimos en la calle sin alternativas”.

Desde entonces han vivido con el miedo de que llegase el momento que se produjo en la mañana de este viernes cuando la orden de desahucio se hacía efectiva. En pocas horas se vieron en la calle con todas su pertenencias, mientras un grupo de operarios colocaban una puerta de seguridad en la casa a la que pegaban un cartel de “se vende”.

“Habíamos intentado un alquiler social varias veces pero no ha sido posible, nos lo han negado. Lo único que nos ofrecieron fueron 1.500 euros para que nos marchásemos, que no aceptamos porque no tenemos donde ir”, explica Raúl, parado de la construcción desde hace cuatro años.

La delegación de Servicios Sociales ha ofrecido a la familia su realojo temporal en una pensión mientras se estudian otras alternativas habitacionales para ellos. Ellos, lanzan un grito desesperado: "No podemos quedarnos en la calle, necesitamos que alguien nos ayude. No por nosotros, sino por nuestros hijos".