El grito que lanza Montserrat Sánchez, vecina de la barriada Río San Pedro (Puerto Real) es desesperado. Apenas puede sostener su discurso sin romperse a llorar. La rabia, la impotencia y el desamparo que siente ante el acoso que dice que sufre su hijo de trece años por su condición sexual la han llevado a mostrarse en las redes sociales sin dobleces.

“Mi hijo es homosexual, libre de amar a quien le dé la gana porque en casa le hemos dado libertad de ser quien quiera ser y amar a quien quiera”, dice la mujer nada más empezar a relatar su calvario. Asegura que ya el pasado curso su hijo recibió todo tipo de insultos. “Su hermano se llevó todo el año borrando pintadas en el instituto en las que ponía ‘Marcos maricón’, para que no sufriera cuando lo viese”, dice la mujer apenada.

Relata que las agresiones verbales, los insultos y las mofas son continuas y que, pese a ello, su hijo se convierte en una doble víctima porque el centro donde estudia, el IES La Algaida de la barriada Río San Pedro, le castiga al mismo nivel que su agresor. El año pasado fue expulsado porque tuvo un encontronazo con otro alumno. Según relata su madre, un estudiante le insultó, “le dijo que se le marcaba el coño y él, ya cansado, respondió que se le marcaría a su puta madre”. Esto provocó la expulsión disciplinaria del centro de ambos. “Una vez más se castigó a la víctima y al verdugo. Parece ser que en el instituto nadie ve pintadas ni oye nada, pero sí escuchan las contestaciones de mi hijo”.  

Esta situación ya se daba en el colegio de Primaria y cuando se ha encontrado con algunos de los agresores por la calle. Por eso dice la familia que para ellos el confinamiento fue “de felicidad absoluta”, porque crearon un “espacio seguro” en su casa.

El último de los episodios ha ocurrido hace una semana. El joven que denuncia acoso escolar por lgtbifobia, ha vuelto a recibir un parte disciplinario (que su madre dice que no va a firmar) tras responder nuevamente con insultos a un compañero de clase, que “le instigaba cambiándole de nombre (por uno femenino) y diciéndole que se metía cosas por el culo”. Montse Sánchez dice que está ya cansada de que se castigue a las víctimas y recuerda que los insultos homófobos son delitos de odio y que se debería de expulsar a esos alumnos. “Llevamos dos años sufriendo acoso y no vamos a permitirlo más”.

Para los padres del joven, lo más indígnante es que “la dirección del instituto no hace nada”. “Me llaman y me dicen que mi hijo tiene que madurar porque entra al trapo de las provocaciones”, relata. “Después llega el Día del Orgullo y queda muy bien colocar una banderita, una charlita y que todo el mundo aplauda, pero cuando hay un caso real, se mira hacia otro lado”.

Tanto el alumno como su familia ha recibido el apoyo de cientos de personas a través de las redes y también muchos vecinos de la barriada Río San Pedro se lo han trasladado personalmente, “pero no tengo apoyo del centro, que es donde pasa todo. Cada vez que voy allí le dan la vuelta a la tortilla y me hacen ver que el malo es mi hijo. Mi desgracia es que no puedo cambiar a mi hijo de centro y tiene que seguir aguantando a los trogloditas que no respeta la diversidad”.

La provocación ha llegado a tal extremo, que el joven recibe insultos de otros compañeros incluso a la salida del centro, en presencia de su propia familia. "Fue mi hijo mayor a recogerlo, porque me daba miedo que le hiciesen algo a la salida, y vio como le cerraban la puerta en la cara mientras que le decía 'por maricón'.  Es una provocación tras otra. ¿Hay que aguantar esto?”, se pregunta.

Montse Sánchez ya ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional porque no está dispuesta a seguir permitiendo las vejaciones. También ha trasladado el caso a la delegación territorial de Educación. “El Instituto lo que quiere es que agache la cabeza y se calle”.

Después de que la familia denunciase los hechos, el Instituto La Algaida publicó un comunicado en su perfil de Facebook (ahora cerrado) en el que se aseguraba que el equipo directivo del centro “ha apostado por reforzar las estrategias de atención a la diversidad, especialmente de los colectivos más vulnerables. Pero ese trabajo que se realiza dentro del centro, a través del aula de mediación, choca en algunas ocasiones con la falta de compromiso de algunas familias con las normas de respeto de la comunidad educativa, olvidando que estas son de obligado cumplimiento para todos y que ya existen responsables dentro para mediar en los distintos procesos”.

En el mismo comunicado el Instituto añade que “poco podemos hacer si las familias no contribuyen a mejorar el respeto entre todos, si cada uno se encierra en sus propias razones para negar los derechos y razones de las otras. En estos casos, por mucho interés que pongamos, estas familias en vez de convertirse en mediadoras de la solución por el bien de sus hijos, se convierten en un nuevo obstáculo para la reeducación de malas formas y malos hábitos”.

Fuentes de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz han informado a este periódico que el centro educativo inició el protocolo de actuación que se requiere en estos casos el pasado 15 de octubre, del que está al tanto la Inspección Educativa. Es un proceso de investigación que, cuando se resuelva, se tomarán las medidas oportunas. Las Inspección ya se ha reunido con la familia y le ha informado del protocolo.