El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por prevaricación que la Audiencia Provincial de Cádiz impuso el año pasado a Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique y principal imputado en las operaciones Karlos (pensiones de incapacidad laboral fraudulentas) y Halcón (facturas falsas). Carretero fue condenado a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por retirarle el arma a un agente sin motivo real alguno, sólo con intención de perjudicar a ese policía.

El Supremo ha inadmitido el recurso contra la sentencia de la Sección de Jerez de la Audiencia con un auto que respalda esa resolución y afirma que Carretero adoptó conscientemente una medida "arbitraria" e "injusta" debido a las malas relaciones que tenía con subordinado, sin causa legal alguna y aduciendo motivos infundados. La sentencia, que ahora es firme, también condenó al procesado a indemnizar con 6.000 euros al agente por los daños psicológicos causados.

El juicio por este asunto se celebró en Jerez en junio del año pasado. Los hechos se remontan a septiembre de 2000. En esa fecha, Carlos Carretero estaba al frente de la Policía Local de Ubrique y conocía desde tiempo atrás al agente Juan Manuel Valle, con quien mantenía una amistad que se tornó en una mala relación a partir de 1998. Según Valle, porque testificó en un juicio en contra de su jefe.

La sentencia ahora ratificada explica que el 28 de septiembre de 2000, con intención de perjudicar a Valle, Carretero, sin motivo real alguno, acordó retirarle el arma a ese agente. Así, aprovechando que un cabo le dijo que había tenido una bronca con Valle, llamó al alcalde de Ubrique, le dijo que Valle incurría en continuas desobediencias y el alcalde le respondió que tomase las medidas que considerase oportunas. Entonces, Carretero llamó al responsable de la Guardia Civil de intervención de armas y le comunicó, exagerando a propósito la situación, que tenía un agente con problemas psicológicos que se había peleado con un cabo. Más adelante, lo llamó de nuevo y le dijo, lo que era incierto, que el agente se negaba a entregar las armas y que tenía un comportamiento anómalo.

Tras otras gestiones con la Guardia Civil, Carretero logró finalmente entregarle a Valle una orden que le prohibía entrar en la Jefatura de la Policía Local y que le pedía que entregase su armamento. Después, elaboró un informe que imputaba al agente una serie de irregularidades que luego quedaron desmentidas. Posteriormente, el alcalde revocó esas medidas y abrió un expediente informativo que concluyó que no había motivo alguno para expedientar al policía.

Juan Manuel Valle ejerció la acusación particular. Carretero fue absuelto de los delitos de falsificación, usurpación de función pública, injurias y calumnias.