Carlos Carretero abandonó en agosto de 2006 la prisión Puerto II tras pagar una fianza de 100.000 euros. Llevaba más de cuatro meses entre rejas. Afuera le esperaban unos cuantos periodistas que le preguntaron sobre la Operación Karlos, en la que figuraba ya entonces como uno de los principales imputados. Carretero no se anduvo por las ramas. Dijo que estaba siendo sometido a un juicio paralelo en los medios de comunicación y anunció tajante: "Demostraré mi inocencia".

Carretero ya está en el juicio verdadero. Y en vísperas de esta vista oral que hoy se reanuda en la Audiencia Provincial de Cádiz, el hombre debió toparse con algo que le ha hecho cambiar de opinión radicalmente y que ha convertido aquel solemne anuncio en un recuerdo para olvidar. El caso es que Carretero forma parte ahora del grupo de procesados que ha pactado su condena con el fiscal, esto es, que se dispone a reconocer ante el tribunal que es culpable de haber organizado la estafa a la Seguridad Social que le ha llevado al banquillo: la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral para personas que pagaban por ello distintas cantidades.

El fiscal solicita para Carretero en su escrito de acusación 10 años de cárcel. Si no hay un cambio propiciado por la decisión sobre las escuchas telefónicas que adopte el tribunal (hoy será notificada), Carretero se conformará en el juicio con una pena de cuatro años y medio de prisión.

Los procesados que como Carretero han pactado su condena están pendientes de lo que decida el tribunal sobre las escuchas porque su acuerdo previo al juicio no es vinculante. Hoy pueden cambiar de opinión. Si el tribunal anula las escuchas y todo el procedimiento, todos quedarán absueltos y no tendrán nada que pensar. Pero si las anula y el juicio continúa (por si hay otras pruebas válidas), se hallarán en una situación difícil: mantener el pacto o buscar la absolución pero con el riesgo de una condena mayor a la acordada. Salvo Carretero, todos han pactado penas con las que eluden la entrada en prisión.