La judicatura y la fiscalía, en huelga

Durante los días 1, 2 y 3 de julio, tres de cada cuatro integrantes de la judicatura y la fiscalía estamos secundando una convocatoria de huelga, efectuada por cinco asociaciones (por cierto, no todas ellas “conservadoras”, como repiten perezosamente muchos medios) contra el Proyecto de Ley Orgánica que modifica estas carreras. N o comparto todos y cada uno de los argumentos y del discurso de los convocantes, pero mi reflexión personal me ha llevado a sumarme a la medida, por coincidir en aspectos muy relevantes con su motivación.

El Proyecto de Ley, impulsado por trámite de urgencia y sin diálogo, incide en extremos que guardan indudable relación con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, y despierta también no pocos recelos en cuestiones que podrían afectar a la imprescindible independencia judicial.

Desde hace años, se viene proyectando encomendar la instrucción de las causas penales en España al Ministerio Fiscal, como sucede en otros países. Pero, a la hora de preparar el escenario para esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se opta, como sería deseable, por dotar de mayor autonomía a la Fiscalía, sino todo lo contrario: hay un reforzamiento de las competencias del Fiscal General del Estado –nombrado por el Gobierno– y un debilitamiento de la función del Consejo Fiscal. Piensen en un escenario donde la UCO y toda la policía judicial reciba las instrucciones de una fiscalía jerárquica y, simultáneamente, en la limitación de la acusación popular que también impulsa el Gobierno. No resulta difícil de imaginar qué hubiera sucedido con determinadas causas judiciales por todos conocidas.

En la carrera judicial, tampoco una sola de las medidas apunta a un fortalecimiento de la independencia: se mantiene la designación partidista de la totalidad del CGPJ, la discrecionalidad en los nombramientos judiciales por parte de éste –que se han convertido en un sonrojante reparto de cromos– y la existencia de unos Magistrados en los Tribunales Superiores de Justicia que son directamente designados por los parlamentos autonómicos.

Tras años de convocar menos plazas de las que exigía la tasa de reposición, se utiliza ahora el falso argumento de un supuesto mandato de la UE para poner en marcha un proceso extraordinario de entrada de más de un millar de personas en las carreras judicial y fiscal, sin ajustarse a ninguno de los actuales cauces de acceso: con carácter general, la oposición libre y, para cierta proporción de magistrados, un concurso-oposición para juristas con más de 10 años de experiencia. Conozco los abusos en el tratamiento de los jueces sustitutos y coincido en que debería darse una solución a su anómala situación. Pero se está utilizando la misma como mera excusa para un proceso de supuesta estabilización que realmente no es tal: no se busca consolidar un cuerpo laboral estable para sustituciones necesarias, sino de habilitar el acceso, como funcionarios de carrera, a la titularidad de otras plazas, que se sustraen a la libre concurrencia, para después continuar recurriendo a la precariedad a la hora de cubrir las sustituciones. Si reparamos en que, en realidad, ese proceso está abierto a otros juristas que no hayan sido jueces sustitutos, los riesgos resultan más que evidentes.

El Proyecto impulsa un centro público para la preparación de la oposición, cuyo control gubernamental resulta muy preocupante, desde criterios de igualdad y desde parámetros de independencia. Entre otras medidas que sería largo enumerar, el nuevo texto legal introduce también un retroceso democrático en la elección de órganos de gobierno de los tribunales.

Creo que no es irrelevante que esta iniciativa legal venga precedida de una sostenida campaña, partidista y mediática, de descalificación de la propia judicatura ante la opinión pública, con acusaciones de lawfare y con tergiversación de las resoluciones, para deslegitimar al Poder Judicial y especialmente a quienes investigan presuntas irregularidades de políticos. Esto nos hace ser particularmente cautelosos a la hora de valorar cualquier decisión que, incluso gradualmente, pueda pretender abrir paso a una judicatura cómoda para los poderosos. Los tribunales son la garantía última de los derechos de la ciudadanía y de la igualdad de todas las personas e instituciones ante la ley.