Los toros a debate en las Cortes de Cádiz

NO supone ninguna novedad, si hemos de retrotraernos a nuestro pasado histórico, la polémica que ahora se ha planteado, aunque solamente sea en el Parlamento de Cataluña, en torno a las corridas de toros. Ya desde finales del siglo XV y principios del XVI se apuntaron los primeros signos de condena, bien fuera por parte del Cardenal Torquemada, que declaraba ilícito el toreo, o bien por Gabriel Alonso de Herrera, que argüía razones de tipo religioso, social y sentimental. Más tajante sería la postura del Papa Pío V, quien en 1575 prohibió los espectáculos taurinos bajo la pena de excomunión.

Dicha polémica continuaría en los siglos siguientes, siendo tal vez la más significativa la protagonizada por nuestros ilustrados del último tercio del siglo XVIII y principios del XIX, siendo Jovellanos, aunque paradójicamente fue uno de los que menos trató la cuestión, el nombre que más se ha aireado como paradigma de lo antitaurino. Las razones esgrimidas eran fundamentalmente económicas, prevaleciendo el argumento del poco o nulo aprovechamiento agrícola de aquellos terrenos que se utilizaban como pasto para el ganado. Fue precisamente en esa línea donde hemos de situar la Real Cédula de 10 de febrero de 1805, por la que Manuel Godoy de forma tajante dispuso la supresión de los espectáculos taurinos en todo el reino. Llegamos con ello a la Guerra de la Independencia, en la que curiosamente el Rey José Bonaparte, consciente de la poca popularidad que gozaba entre el pueblo, decidió restablecer las corridas de toros como forma de granjearse la simpatía de los españoles. Coincidió el momento con buenos toreros como Jerónimo José Cándido, Curro Guillén, Juan Núñez… salvo la excepción de Pedro Romero que se negó a torear entonces.

Fue en aquellos años precisamente cuando la cuestión taurina llegaría a debatirse en las Cortes de Cádiz. El 12 de septiembre de 1813 tuvo lugar un curioso debate donde fue puesta en cuestión la licitud de las corridas de toros. Todo ello vino motivado por la petición de un empresario gaditano, Iglesias Darrac, al solicitar el permiso oportuno a las Cortes para dar una serie de corridas de toros en Cádiz. Como no podía ser menos, chocaron las dos consabidas posturas antagónicas, a favor y en contra, pues. Lo curioso de todo ello radica en la categoría y cualificación personal de los dos diputados que protagonizaron dicho enfrentamiento parlamentario, pues de un lado, a favor, figuró el liberal Antonio Capmany, diputado por Cataluña, Secretario de la Real Academia de la Historia, y uno de los diputados más destacados de aquellas Cortes. En el lado contrario, nos encontramos con el diputado por Murcia, Simón López de Or, sacerdote integrista, de pensamiento abiertamente absolutista. Este último calificó las corridas de toros como perjudiciales a la agricultura, a la ilustración y a las costumbres.

En la réplica correspondiente, Antonio Capmany hizo una verdadera apología de las corridas de toros, calificándolas como nacionales. Sometidas ambas propuestas a votación, se aprobó que se dieran espectáculos taurinos. En consecuencia, unos días después y atendiendo a esta resolución de las Cortes, la prensa gaditana se hacía eco de los diez festejos que seguidamente se celebrarían, por cierto en meses tan poco taurinos como diciembre y enero, lo que pone de relieve las ganas del vecindario gaditano por presencia de nuevo corridas de toros. A partir de ahí ya no habría más problemas para los festejos taurinos en España, siendo el propio Rey Fernando VII quien los potenciaría, al crear escuelas taurinas y ser él mismo ganadero de reses bravas al adquirir en 1830 parte de la vacada de Vicente José Vázquez.

En cuanto a los dos protagonistas de aquel debate en las Cortes de Cádiz, digamos que corrieron dispar suerte. Antonio Capmany murió en nuestra ciudad ese mismo año de 1813 víctima del tifus, estando a punto de ser destruida su lápida con la reacción absolutista. Sus restos serían trasladados a Barcelona en 1854. Por su parte, Simón López fue nombrado obispo de Orihuela y posteriormente, en 1824, Arzobispo de Valencia, siendo dentro de su jurisdicción eclesiástica donde fue ajusticiada la última víctima de la Inquisición en España. Con todo, no fueron las Cortes de Cádiz la única cámara española del siglo XIX que presenció este tipo de debates, pues volverían a replantearse unos años después. En 1849 un Congreso de Agricultura en Madrid propuso por vía parlamentaria la supresión gradual de las corridas de toros y, en 1878, el marqués de San Carlos hizo también una propuesta parecida. Tanto una como otra no hallaron el menor eco en las Cortes.