LOS últimos datos de la Encuesta de Población Activa, que elevan a más de cuatro millones los parados en España, han causado preocupación en el país. Y el problema no acaba ahí, pues las previsiones de crecimiento del PIB para este año del FMI (-3%) y la profundización de la recesión estimada por el Banco de España (descenso del 1,8% del PIB en el primer trimestre) auguran que podríamos alcanzar la cifra de cinco millones de desempleados en un plazo no muy lejano, de los que más de un millón serían andaluces. Ante este drama social la pregunta que da título a este artículo no debe resultar ociosa pues, aunque toda la sociedad esté sensibilizada con la situación de los parados y el Gobierno asegure las prestaciones por desempleo, no deja de sorprender que un colectivo tan numeroso y perjudicado por la crisis no se organice para la defensa de sus intereses, como lo hacen centenares de colectivos con problemas comunes, desde las víctimas del terrorismo, a los afectados por estafas financieras o por enfermedades singulares.

Los sindicatos mantienen que son los defensores naturales de los parados, pero a los que representan fundamentalmente son a los trabajadores ocupados y, entre estos, a los ocupados con contratos indefinidos, por lo que, en el mejor de los casos, en los sindicatos conviven intereses diferentes, ya que los trabajadores con contratos indefinidos tienen como interés legítimo aumentar sus retribuciones y dificultar el despido, mientras que si los costes laborales y de despidos fuesen menores los parados tendrían más posibilidades de encontrar trabajo, tanto porque estimularía la creación de empleo por los menores costes laborales y su menor rigidez, como porque los parados podrían competir con los que ahora están disfrutando de un empleo estable y bien remunerado.

¿Qué pasaría si los desempleados se organizasen de forma autónoma? Algunos temerán que pudiesen ser una fuente de inestabilidad social, pero los parados no son terroristas ni personas insensatas y, si bien podría ser previsible que presionasen a los gobiernos por la creación de empleo público o para aumentar el tiempo de percepción del subsidio de desempleo, también es imaginable que sus intereses y reivindicaciones favoreciesen un mejor funcionamiento del mercado de trabajo. Tal vez estuviesen en desacuerdo con las reivindicaciones de aumentos salariales de los empleados con contratos fijos en el actual contexto de austeridad; tal vez exigiesen reformar el sistema formación profesional para los desempleados haciéndolo más funcional a las necesidades de empleo y vinculándolo más con la inserción laboral; tal vez los parados con elevada cualificación no comprenderían por qué personas con menor formación siguen ocupando puestos de trabajo que ellos pueden desarrollar mejor y al que estarían dispuestos a acceder con salarios menores; tal vez estarían en desacuerdo con las prerrogativas de los interinos en las oposiciones a funcionarios; tal vez no les hiciese muy felices saber que a lo máximo que pueden aspirar es a un contrato temporal con escasa seguridad y cobertura frente a los que se encuentran protegidos por un contrato indefinido (en el último trimestre no ha disminuido el número de ocupados con contrato indefinido, mientras que disminuyó en más de medio millón el de los ocupados con contratos temporales).

Tal vez, por tanto, los desempleados caerían en la cuenta de que la dualidad existente en el mercado de trabajo entre insiders (ocupados con contratos indefinidos) y outsiders (contratados temporales y parados) no les favorece, y que la asimetría entre ambos colectivos es profundamente injusta, y compartirían con instituciones y analistas de todo signo la necesidad de una reforma del mercado de trabajo que supere esa dualidad, como viene siendo reclamada de forma insistente por el FMI, la OCDE, la Comisión Europea y la generalidad de los analistas económicos, manifestación de la cual es la propuesta de reactivación laboral en España elaborada por prestigiosos economistas académicos de todo el país.

Frente a ello, un Gobierno abrumado por el paro y el deterioro de la situación económica, y con una creciente debilidad parlamentaria, se ha enrocado en un discurso a la defensiva esgrimiendo una salida de la crisis sin recortes sociales (¿hay un recorte social peor que el aumento del paro?) con el que trata de asegurar la estabilidad del voto socialista. En este contexto, los sindicatos radicalizan su discurso en defensa del statu quo, oponiéndose a cualquier reforma del mercado de trabajo en orden a su mayor flexibilidad y ruptura de la dualidad, mientras que siguen exigiendo aumentos salariales para funcionarios y otros empleados estables cuando el resto del país (empresarios, autónomos, accionistas, propietarios y parados) ve disminuir su renta y riqueza.