AL día siguiente de que Manuel Chaves redujera el escándalo de los ERE (expedientes de regulación de empleo) a cuatro o cinco socialistas indignos, el actual consejero del ramo, Manuel Recio, que está teniendo que dar la cara por lo que otros consintieron, elevó a setenta el número de falsos prejubilados... en los expedientes revisados, que son la mitad de los aún vigentes. ¿Se atreverá Chaves a repetir que, cuando concluya la investigación, no habrá más que cuatro o cinco militantes del PSOE, familiares o amigos implicados en el fraude?

Claro que la perspectiva cambia si en vez de prejubilados ficticios se empieza a hablar con ternura de "criaturas" en dificultades. Es lo que ha hecho el ya famoso Javier Guerrero, director general de Trabajo entre 1999 y 2008, factótum de la gestión del dinero para ayudar a empresas en crisis ("fondo de reptiles" le llamó él mismo antes de comprender la gravedad de la expresión). Sus declaraciones del jueves a El País son sorprendentemente clarificadoras del funcionamiento de la Junta en esta materia, y también de la sociología que encierra el caso de los ERE.

¿Y qué ha dicho este buen hombre? Uno, que las subvenciones las decidían los consejeros de Empleo y que eran solicitadas por mediación de otros consejeros, delegados provinciales y alcaldes. Dos, que el control sobre el uso de las mismas se hacía a posteriori a través de contactos telefónicos. Tres, que los intrusos en los ERE no eran intrusos, sino "criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral que están desempleadas". Pone un ejemplo: si había diez empleados de una empresa en dificultades y dos criaturas ajenas, se metía a las dos ajenas como si también fueran de la plantilla de la empresa para que cobraran la póliza financiada por la Junta. Su propia suegra entró así en SOS Cuétara.

Esto dibuja un escenario poco halagüeño de la Andalucía contemporánea. Entre las muchas cosas buenas que ha traído la autonomía andaluza también se han colado algunas negativas. A consecuencia de la perversión de los sistemas de protección social se ha instalado en un amplio núcleo de la población la idea de que el Estado es un pozo sin fondo que debe socorrer a todos, con razón o sin ella, dentro de la ley o no tan dentro. Su expresión más acabada es la cultura de la paguita: todos quieren una paguita para redondear sus menguadas pensiones o sus insuficientes subsidios, afrontar una jubilación precaria o atender una situación familiar complicada. Si no se tiene derecho a la paga establecida o ésta no cubre las expectativas, para eso están los compañeros del partido, amigos y concuñados. El descontrol de los fondos hace el resto. Paguita asegurada.

El fiscal general del Estado investiga otro fraude, esta vez en las ayudas al empleo de la Unión Europea. Agárrense, que vienen curvas.