A tres años del MoU

EN julio se cumplirán tres años desde la firma del Memorandum of Understanding (MoU), acuerdo que recogió las reformas a realizar en el sistema financiero español para que nuestro país recibiera ayuda económica de Europa. Rescate bancario se le denominó, porque los compromisos eran de naturaleza exclusivamente financiera, y en su inmensa mayoría relativos a la reestructuración y recapitalización de nuestro sistema bancario. Como somos los contribuyentes los que con nuestro esfuerzo tendremos que devolver este préstamo, nos conviene revisar el alcance de lo realizado, comentar los retos aún pendientes, y aclarar los verdaderos motivos que nos abocaron a esta situación para verificar si se están poniendo las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse.

Nuestros bancos, que venían tradicionalmente funcionando sin notarse apenas, en los años que precedieron a la crisis se sobredimensionaron, emprendiendo una expansión de la inversión crediticia suicida, consintieron una excesiva exposición al sector inmobiliario, instauraron unos incentivos nefastos basados en la cantidad y no en la calidad de las operaciones que se realizaban, y comercializaron incorrectamente productos financieros complejos a clientes no aptos para ellos.

Desde entonces se han saneado: el nivel de exposición de las entidades de depósito españolas a la actividad inmobiliaria se ha reducido cerca de un 60%, pero todavía este proceso debe continuar; se han consolidado: el número de grupos bancarios se ha reducido en un 40%, con un 30% menos de oficinas y con un 25% menos de empleados. No obstante, el número de oficinas sigue siendo muy superior a la media europea, por lo que se hace necesario proseguir con el ajuste del modelo de negocio para recuperar rentabilidad; se han recapitalizado: los balances han sido reforzados tanto por la importante aportación de fondos públicos que han recibido como por los esfuerzos de la propia industria, aunque no es aún suficiente, la política de más y mejor capital debe continuar; y se ha modificado su estrategia comercial, incrementando la atención que prestan y la vigilancia del cumplimiento normativo, y perfeccionando las prácticas de comercialización. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, por ejemplo en la mejora de los mecanismos de resolución de quejas y reclamaciones de los clientes.

En suma, los deberes están bien hechos, nuestros bancos han superado las deficiencias que sufrían y vuelven a estar en condiciones favorables para desarrollar su actividad. La cuenta, eso sí, la pagamos los contribuyentes. Circunstancia difícil de aceptar, pero que no debería extrañarnos dada la configuración del modelo bancario actual, que conlleva una interrelación intensa con el poder político. Los bancos para desarrollar su delicada actividad -captar dinero barato a corto plazo, a través de los depósitos; y conceder préstamos, más caros, a largo plazo- cuentan con el apoyo implícito del poder político, y explícito sobre los depósitos, y de la financiación continuada que les proporciona el Banco Central Europeo. El poder político, por su parte, principalmente los necesita para canalizar la política monetaria, para que adquieran las emisiones de deuda pública que financian los Estados, siempre sedientos de recursos, y como instrumento de recaudación, de pagos y de información de las haciendas públicas.

Pero si esto es así, lo que entonces no resulta admisible es que esta simbiosis no se haya vigilado estrechamente, para que no se convierta en parasitismo de una de las partes, o peor, en perjudicial para ambas, como ha sucedido. Pues no sólo la supervisión del sistema bancario falló estrepitosamente, sino que incluso algunas decisiones políticas, como mantener artificialmente muy bajos los tipos de interés, empujaron a la banca a sus malas conductas financieras. Es cierto que gracias a la crisis se ha producido una importante respuesta regulatoria, desarrollándose una amplia batería de medidas -entre ellas la Unión Bancaria y el nuevo Marco de capital- encaminadas a conseguir que no llegue nunca el momento de tener que rescatar un banco; y si llegado, que implique el menor desembolso público posible.

El Memorandum of Understanding nos dejó desconcertados por tener que reflotar con recursos públicos a empresas privadas. Por entonces también aprendimos todos lo que era la prima de riesgo, que llegó a superar los 700 puntos básicos. Había que parar en seco la caída libre en la que nos encontrábamos, se firmó el acuerdo y la prima fue descendiendo hasta los poco más de 100 puntos básicos en los que se mueve desde hace meses. El actual modelo bancario puede gustarnos o no -debería debatirse-, pero el acierto de la firma de este acuerdo está, tres años después, fuera de toda duda.