No damos abasto de escandalizarnos. Por eso se libran quienes no la lían gorda, aunque se líen mucho. Quizá lo más dañino de los escándalos sea que nos distraen de lo esencial nuestro privado y también de lo elemental de la vida pública. Nadie se ha rasgado las vestiduras porque Susana Díaz haya proclamado que "el Título VIII de la Constitución está muerto". Sin embargo, en un Estado de Derecho corriente, ¿quién es una presidenta de una autonomía para decretar que la norma fundamental ha estirado la pata? ¿Imaginan que salgo por ahí diciendo que, en lo que a mí respecta, el IRPF ha fallecido, o que el IVA está en la UCI, o que las normas de tráfico quedan fuera de circulación? Me daría el alto el primer guardia municipal.

En un país menos sacudido por escándalos económicos, el acta de defunción tan alegremente expedida por Díaz causaría estupor. Resulta un tanto "viva la Pepa" que la máxima autoridad autonómica, responsable de guardar y hacer guardar la Constitución, donde venga a guardarla sea en un ataúd (y troceada). Eso correspondería al poder legislativo, o mejor dicho, a unas cortes constituyentes.

Cabe que ella no hablase como presidenta autonómica, sino como simple política, echándole su retórica. Lo que adquiere otro interés, porque el tropo que se le ha escapado, casi lapsus, es un retruécano de libro. No es que el título VIII de la Constitución esté muerto: es que está matando a la Constitución.

Y aquí es donde el "Viva la Pepa" aparece de nuevo, con nueva seriedad. Cuando se discute la Constitución o se la desahucia, se nos vienen de inmediato a la mente y al corazón la Pepa y los valores nacionales que la inspiraron. Ya se sabe que el principio de que las leyes posteriores derogan siempre a las anteriores es reversible. Cuando decaen las posteriores, para evitar el vacío, se activan las anteriores. Hubo en España otras constituciones, desde luego; pero no en el imaginario colectivo, que se remite a la Pepa siempre. Eso hace que, cuantas más voces piden la muerte, el linchamiento, la eutanasia o, poniéndonos menos dramáticos, la anestesia y cirugía estética de nuestra Constitución, más interpelados tengamos que sentirnos en Cádiz a opinar, como cuna del constitucionalismo que somos. Esto no es un asunto del puente aéreo Madrid-Barcelona. Que no nos puenteen ni nos pongan de palmeros: en el debate constitucional se nos tiene que oír. Por derecho.