El parqué
Escasas variaciones
Los derechos humanos no son un lujo ni una concesión que pueda retirarse según convenga. Son la base sobre la que se construyen las sociedades democráticas, el pilar que sostiene la libertad, la igualdad y la justicia. Sin ellos, la democracia se convierte en una fachada vacía. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) advierte que hoy más que nunca es necesario reafirmar su vigencia, porque asistimos a un momento histórico en el que se cuestiona no solo su cumplimiento, sino su necesidad misma.
Por eso denunciamos que uno de los fenómenos más graves es la deriva de la justicia. Lo que debería ser garante de derechos se ha convertido en un enorme muro para el avance democrático. Con sus últimas decisiones, la justicia ya no se atiene al derecho ni a las leyes, sino que se independiza de ellas y se erige como instrumento de recorte. Allí donde debería proteger a la ciudadanía, se convierte en ataque.
La paradoja es evidente: la justicia contra el derecho, la justicia contra los derechos. Este divorcio entre instituciones judiciales y principios democráticos amenaza con vaciar de contenido la propia idea de Estado de derecho.
La APDHA advierte que vivimos un retroceso democrático global. La polarización política, la debilidad de las instituciones y las reformas regresivas erosionan los valores que sostienen las sociedades libres. Los avances en todo el mundo de la derecha extrema, con su discurso de odio y sus políticas de discriminación, están provocando que en lugar de avanzar hacia una mayor inclusión, se multipliquen las medidas que restringen derechos básicos y se normalicen discursos y políticas en contra de la justicia social.
En España, la desigualdad y la falta de respuestas eficaces ante la pobreza y la exclusión se suma a un sistema judicial que, lejos de garantizar derechos, se convierte en un obstáculo. La ciudadanía percibe que los tribunales fallan en su obligación de proteger y que las decisiones judiciales se utilizan como herramientas de restricción.
La desinformación alimenta este deterioro. Las plataformas digitales, manipuladas con fines ideológico-partidistas, generan desconfianza hacia las instituciones y legitiman discursos de odio contra colectivos vulnerables. La APDHA subraya que esta dinámica no solo divide, sino que abre la puerta a aceptar medidas regresivas como si fueran inevitables.
La violencia contra mujeres, migrantes y personas en riesgo de exclusión se multiplica, mientras la impunidad se convierte en norma. Cada desahucio sin alternativa, cada paciente sin atención adecuada, cada sentencia que ignora la dignidad humana son pruebas de que los derechos se vulneran en lo cotidiano.
La organización considera que el mayor peligro actual es que el debate ya no se centra en si los derechos humanos se cumplen o no, sino en si son necesarios. Este cuestionamiento supone un riesgo mortal para cualquier sociedad democrática. Supone avanzar hacia un mundo sin reglas donde rija la ley del mas fuerte. Los derechos humanos no son negociables: son el fundamento que sostiene la libertad y la justicia. Renunciar a ellos equivale a renunciar a la democracia misma.
Hoy miércoles, a las 18:30 horas, la ciudadanía está llamada a concentrarse ante la Audiencia Provincial de Cádiz. El lugar elegido es un símbolo: allí donde la justicia debería ser garante de los derechos humanos, se exige que deje de fallar y se convierta en un verdadero instrumento de igualdad.
Durante el acto, colectivos y organizaciones gaditanas leerán los artículos de la Declaración Universal, reafirmando su vigencia y valor. Será un gesto colectivo de resistencia, una afirmación de que los derechos humanos siguen siendo la base sobre la que se construyen las sociedades democráticas.
La APDHA concluye que los valores democráticos y los derechos humanos son interdependientes. Defenderlos es más urgente que nunca, porque sin ellos no hay libertad ni justicia. La organización llama a la ciudadanía a movilizarse, a exigir que las instituciones cumplan con su obligación y a recordar que la justicia no puede convertirse en un ataque a los derechos, sino que debe volver a ser su garante.
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