Análisis

Fátima Salaverri

2018 +

Las acciones en materia de igualdad y violencia de género son insuficientes

2018 + 2018 +

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Se despide el año 2018 como el año en que la presencia de mujeres en las calles para pedir igualdad de oportunidades ha sido la más multitudinaria en la historia de nuestra Democracia. Las miles de manifestantes, sin color político, del pasado 8 de marzo han advertido a todos los partidos políticos, instituciones, sindicatos,…. que las acciones emprendidas hasta el momento en materia de igualdad y violencia de género no son suficientes. La frustración es evidente.

Pese a que hemos avanzado en el desarrollo de acciones y medidas que han dado pasos relevantes para avanzar en estos caminos y pese a que todos los gobiernos han impulsado políticas en este sentido, la persistente desigualdad por razón de géneros sigue fuertemente asentada en nuestra sociedad.

Hasta la saciedad se ha hecho ver las diferencias salariales, la desigualdades de las mujeres con discapacidad, las dificultades que conlleva los distintos permisos de maternidad y paternidad, los frenos al acceso de las mujeres a puestos directivos,… Intereses económicos y la carencia de medidas legislativas más incisivas perpetúan estos hechos.

A esto sumamos que durante 2018 hemos sido testigos, un año más, de continuos asesinatos de mujeres demostrando día a día que la violencia de género es el gran fracaso de la Democracia. Aunque nos hemos alejado de las 84 asesinadas del año 2008, en los últimos años las cifras siguen siendo aterradoras. 2018 cierra con cerca de medio centenar de asesinadas. En el cercano 2019 las cifras serán muy similares y la sociedad española va a seguir presenciando el asesinato de otras muchas mujeres. Es necesario un cambio en las estructuras sociales para que esto se modifique y ese cambio a día de hoy no se está dando.

En el curso escolar 2017-2018, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional más de cuatro millones y medio de niñas y niños cursaban educación infantil y primaria en España. Es esa la población sobre la que hay que actuar. En la actualidad se hace muy poco con ella. No se trata de hacer campañas puntuales en centros escolares en contra de la violencia de género, que algo ayuda, pero que no es suficiente. Se trata de actuar en esas poblaciones y desestructurar los modelos androcéntricos, trabajar las emociones y las relaciones mujer-hombre a objeto de que ya en la edad adulta ellas y ellos puedan vivir con esos modelos aprendidos y trasmitirlos en los valores educativos y de relaciones sociales a las generaciones futuras. Es en ese momento cuando se empezarán a ver resultados en materia de violencia de género.

El año 2018 ha dejado también patente que es necesario la formación en materia de violencia de género en los juzgados especializados en esta materia. Al margen de la formación que adquieran juezas y jueces y teniendo en cuenta que los titulares de estos juzgados no tienen carácter de permanentes, es necesario que en la estructura de los juzgados se instrumentalice la figura profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género. Parece que han caído en el olvido pese a que muchas horas de formación de esta profesión han sido subvencionadas por la propia administración pública.

Su presencia en estos juzgados, como profesionales especializados en violencia de género, pasa por ser fundamental. Las personas formadas como Agentes de Igualdad y Violencia de Género son las profesionales capacitadas para introducir una perspectiva de género en las salas judiciales, servir de asesoramiento a juezas y jueces y deconstruir las estrategias del maltratador en estos espacios judiciales. El conjunto de prácticas y formas desarrolladas por el maltratador deben ser analizadas y desestructuradas desde y por esta profesión. Con ello se minimizaría la carga y crítica social sobre las personas titulares de estos juzgados que son plenamente conscientes de la falta de recursos que tienen.

La profesión de Agentes de Igualdad y Violencia de Género es, pues, un recurso hoy día desaprovechado que permitirían un mejor desempeño profesional de los juzgados de violencia de género, evitando quizás sentencias difíciles de entender y que sonrojan a la ciudadanía como, por ejemplo, la práctica jurídica de sentenciar custodias compartidas en estas salas de violencia de género y que nadie se da por enterado que eso no funciona. El diálogo entre la pareja básico para un régimen de custodia compartida simplemente no existe. ¿Cómo se puede pretender que las mujeres se comuniquen con el agresor que le ha llevado a un juzgado de violencia de género?.

Mientras la situación en materia de violencia de género para el año 2019 se aventura muy similar a la ya vivida. Algunas novedades como la reforma de los delitos sexuales en el código penal -surgida tras el enorme rechazo social al actual ordenamiento- si al final queda establecida veremos como funciona, algunas voces reclaman la reforma de la Constitución pero por intereses muy distintos a la inclusión de una perspectiva de género en su articulado pese a que es una reclamación ya antigua del feminismo.

El año 2018 nos ha permitido ver como encabezan las multitudinarias manifestaciones por la igualdad de oportunidades y contra la violencia machista nuevos rostros, nuevas figuras feministas, que hacen observar un relevo generacional en la ciudad de Cádiz. El resto de mujeres que antes que ellas también nos hemos manifestado les damos la bienvenida. Pero estas mujeres jóvenes y algunos hombres no deben olvidar los logros y avances conseguidos por las primeras asociaciones de mujeres de nuestra ciudad, hoy día muy invisibilizadas, cuyo trabajo debe recordarse como pioneras en la lucha feminista en esta ciudad.

Por último, no debe olvidarse que las políticas de igualdad en nuestro país -el Instituto de la Mujer se creó en el año 1983- son demasiado jóvenes y por tanto pueden llegar a ser vulnerables. De ahí que es necesario el desarrollo de un trabajo serio y concienzudo y no es necesario que ningún partido político se intente arrogar el feminismo y las políticas de igualdad cuando la solución es una cuestión de Estado.

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