El traslado una patrullera de la Guardia Civil de Cádiz a Sevilla desata las críticas: "es un parche improvisado" en la lucha contra el narcotráfico

La patrullera Río Ulla, una de las embarcaciones rápidas asignadas hasta ahora a la Escuela del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cádiz, ha cambiado recientemente su base de operaciones. Desde la semana pasada, se encuentra atracada en la dársena del puerto de Sevilla, a más de 100 kilómetros de su anterior ubicación. La decisión, según fuentes del Instituto Armado, busca reforzar la vigilancia en el río Guadalquivir, convertido desde hace años en una de las grandes rutas fluviales del narcotráfico en España.

Pero no todos en el cuerpo están de acuerdo con el movimiento. Jucil, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, ha calificado el traslado de “parche improvisado”, señalando que responde más a decisiones urgentes que a una estrategia coordinada y efectiva para frenar a las mafias del hachís y la cocaína que ya operan sin apenas oposición en la cuenca baja del Guadalquivir.

“La costa de Cádiz ya está bajo una presión enorme. Sacar una embarcación de allí para cubrir otra zona igual de crítica no es una solución: es desvestir un santo para vestir otro”, ha denunciado la asociación en un comunicado. A su juicio, la situación exige una intervención integral y sostenida, con un aumento real de medios humanos y materiales, y no medidas puntuales que, en la práctica, debilitan aún más otros frentes abiertos contra el crimen organizado.

Las actuales rutas de los 'narcos'

Durante años, las rutas tradicionales del narcotráfico en el sur peninsular -como el Estrecho de Gibraltar o las costas de Huelva y Málaga- fueron el centro de la actividad de los clanes. Sin embargo, la presión policial desplegada entre 2018 y 2022, especialmente tras la creación del Ocon-Sur (Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico), obligó a muchos grupos a buscar rutas alternativas. El Guadalquivir, con sus 160 kilómetros navegables hasta las mismas puertas de Sevilla, se convirtió en una de ellas.

Hoy, los vecinos de municipios ribereños como Coria del Río, La Puebla del Río o Lebrija pueden ver, en plena luz del día, narcolanchas remontando el curso del río sin oposición. A menudo, los narcotraficantes se adentran incluso en ramales, marismas y canales auxiliares, aprovechando un intrincado laberinto natural que dificulta la acción policial. “La falta de patrullas fluviales permanentes y embarcaciones adecuadas ha convertido el Guadalquivir en una autopista de la droga”, advierte Jucil.

Según los últimos datos, solo en 2023 las incautaciones de cocaína en la provincia de Sevilla aumentaron un 97%, alcanzando las 30 toneladas. Todo ello, con una presión policial muy inferior a la existente en otras zonas de Andalucía. “Sevilla corre el riesgo de convertirse en un nuevo hub logístico del narcotráfico en España si no se actúa ya”, alertan desde el sindicato.

Jucil reclama al Gobierno la creación del primer servicio fluvial permanente de la Guardia Civil, con base estable en Sevilla, dotado con patrulleras específicas y personal suficiente. “El modelo actual no da más de sí. Si queremos frenar a organizaciones cada vez más violentas y organizadas, hay que estar a su altura”, afirman.

Insisten también en la urgencia de renovar la flota marítima destinada a la lucha contra el narcotráfico. “Muchas de las embarcaciones operativas en Cádiz y Huelva están obsoletas o son insuficientes para la velocidad y maniobrabilidad de las narcolanchas. No podemos pedir milagros a quienes no tienen medios”, subrayan.

La desaparición del Ocon-Sur, grupo especializado que coordinaba operaciones antidroga desde 2018 hasta 2022, ha dejado una huella visible. Desde su desmantelamiento, las incautaciones en Andalucía han descendido. Mientras tanto, los clanes han reforzado sus redes, extendido sus rutas y sofisticado sus métodos, tal como demuestra también lo ocurrido este sábado, 10 de mayo, en el vecino río Guadiana, entre los municipios de Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio. Ese día, una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana portuguesa permitió la intervención de 3.720 kilos de hachís tras una persecución fluvial a una narcolancha en aguas fronterizas. El dispositivo recuperó 93 fardos lanzados al agua por los narcotraficantes durante la huida.