Provincia de Cádiz

Refuerzo judicial en Cádiz para aliviar el atasco derivado de la pandemia

  • Un Juzgado de lo Mercantil y una plaza de magistrado para la sección algecireña de la Audiencia son las nuevas unidades previstas en la provincia

Audiencia Provincial con sede en Algeciras.

Audiencia Provincial con sede en Algeciras. / Jorge del Águila

El Ministerio de Justicia ha remitido este jueves al Consejo General del Poder Judicial la propuesta de creación de cinco nuevas unidades judiciales en Andalucía con el objetivo de evitar que se saturen los juzgados debido al “extenso periodo de ralentización estructural de la Administración de Justicia” durante la pandemia.

Las nuevas unidades judiciales en la provincia de Cádiz son un Juzgado de lo Mercantil y una plaza de magistrado para la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, correspondiente al orden Civil y Penal.

Según explica el ministerio en una nota, con esta medida, en menos de un mes Justicia da cumplimiento a la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, con el objetivo de que algunas de estas unidades de nueva creación entren en funcionamiento a finales de este año.

La ralentización sufrida en la Administración de Justicia como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, exigía un impulso efectivo que permitiera dar una salida ágil al volumen de procedimientos suspendidos y acumulados  desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo. 

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 7 de julio la aprobación de un plan de actuación con medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus y aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria. 

Este plan se despliega en dos fases y afectará a un total de 315 juzgados, principalmente a los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo. Permitirá adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas del Covid-19 en un plazo de 3 años (un tercio de las plazas se crearán en el primer año), atendiendo siempre a las necesidades en cuanto a volumen de carga de trabajo habitual, el aumento debido a la ralentización durante la pandemia y a una mejor optimización de los recursos personales y materiales disponibles. 

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