"Estamos aquí para dar la cara. Yo conocía esta historia desde el momento en el que ocurrió y creo firmemente en su inocencia". Esas fueron las primeras palabras que pronunció el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero (Sí se puede), en la rueda de prensa de las explicaciones. Un acto en el que comparecieron solos algunos miembros de la candidatura en el poder municipal, sin presencia además de los tres concejales de Equo que forman gobierno con ellos. Tampoco ningún cargo orgánico de Podemos (la marca que los amparó en los comicios) y que, para colmo, horas después de la comparecencia, anunciaba la petición de cese de militancia para la edil.

La imputación de la concejala de Hacienda, Mónica González, en el caso Eurowork, en el que supuestamente se estafó a más de 5.000 inmigrantes que soñaban con venir a trabajar a España, sorprendió ayer a todo el mundo menos al primer edil, que acompañó a la concejala con la seguridad de que "fue una víctima más".

González volvió a repetir lo que ya explicó ayer a este periódico. "Empecé a trabajar en una empresa que yo creía que iba a ayudar a los inmigrantes cuando acabé la carrera y tenía 26 años. Yo me limité a gestionar sus visados para que pudieran venir a España de forma regulada tal y como hicieron mis padres en su día. Nunca robé nada, no estafé a nadie y mi único error fue fiarme de un estafador profesional que me convenció para que yo firmase como gerente de la empresa porque él tenía otras cosas que hacer".

Cuando las lágrimas le impedían continuar hablando, el alcalde salía en su auxilio, pero Mónica González insistía en continuar. "Mis lágrimas son por el sufrimiento que puedo hacer pasar a mi pueblo y a mi gente, pero ni mucho menos porque yo tenga que agachar la cabeza por nada: estoy tranquila, y con ganas de que llegue el juicio", dijo.

De la comparecencia de ayer se esperaba el lógico apoyo a una compañera, pero también algunas reacciones políticas de un partido que ha tenido como bandera la defensa de una política "libre de imputados", como ellos mismos se encargaron de recordar en su campaña electoral. Sin embargo, Antonio Romero sorprendió con una interpretación de su propio programa electoral. Los concejales de Sí se puede adquirieron el compromiso de renunciar al cargo público en caso de ser procesados, aunque el alcalde entiende que "en esos momentos ella no ostentaba cargo público, no incumple nuestro código ético, porque no hubo ningún enriquecimiento personal, al contrario, le generó deudas".

Preguntada por la posibilidad de renuncia, Mónica González recordó que, al igual que el resto de sus compañeros, firmó una carta de dimisión sin fecha para poner su cargo a disposición de la Asamblea. La próxima semana se reunirán los órganos competentes de la formación y será entonces cuando se valore la situación. 

Otro aspecto que ayer sorprendió fue que la implicación de Mónica González el caso Eurowork ha evidenciado la ruptura entre la candidatura ciudadana Sí se puede Puerto Real y la secretaría general de Podemos en la localidad. Al mismo tiempo que el alcalde de Puerto Real, que lideró la lista de Sí se puede, mostraba su apoyo incondicional a Mónica González, la secretaria general de Podemos Puerto Real, Inmaculada Padilla, informaba de que se había iniciado un proceso en la Comisión de Derechos y Garantías del partido para solicitar "la suspensión cautelar de militancia del partido y, si procede, el acta de concejal de la edil de Hacienda, Mónica González, tras conocer que está imputada por la Audiencia Nacional en un procedimiento por estafa a inmigrantes". Padilla dijo que en Podemos se ha consultado al partido a nivel nacional para tomar la decisión de pedir el cese de su militancia.

La falta de entendimiento fue tal, que sólo unas horas después de acabar la rueda de prensa, el perfil de Podemos Puerto Real en las redes sociales publicaba que "el Consejo Ciudadano Ampliado se reunirá en breve para valorar la situación y se tratará el tema en Asamblea Ciudadana abierta, que se celebrará a más tardar el jueves 15 de octubre", tal y como había dicho el alcalde. Ni una sola referencia a la Comisión de Derechos y Garantías.

En un comunicado oficial, Inmaculada Padilla intentaba desvincular a González de Podemos. Aclaraba que "no pertenece al órgano político de Podemos Puerto Real", que es el Consejo Ciudadano, y que "solamente se inscribió y participó en las primarias de la candidatura de unidad popular de Sí se puede Puerto Real". 

Sin embargo, el mismo perfil de Podemos Puerto Real se refería después a la concejala como "nuestra compañera" y, al igual que hizo Romero, insistió en que el código ético de la candidatura se ha tomado del de Podemos y "nuestra compañera no tendría por qué dimitir al tratarse de hechos que ocurrieron hace 10 años cuando Mónica no era cargo público ni se ha apropiado de ningún dinero, ni público ni privado. El problema no es legal sino mediático".

El alcalde también sembró dudas sobre la presión que cree que se ejerce sobre las candidaturas de poder popular. "Yo conocía lo que Mónica había pasado y eso no me impidió animarla a que participara con nosotros. Y por querer participar en este proyecto común tenemos que volver al sufrimiento, pues hay una vigilancia extrema hacia las candidaturas de poder popular, estamos mirados con lupa. También entra en juego el funcionamiento de la justicia en España, pues si todo se hubiera resuelto cuando debía, hoy no tendríamos que estar hablando de esto."

De estas declaraciones y de las del propio alcalde, que dijo  que "no estábamos preocupados por el tema judicial, sino por el político y mediático", se desprende que la tranquilidad es absoluta. Quizás por la confianza que Mónica González mostró en su explicación y en las pruebas que la puertorrealeña dice tener en su haber para demostrar que sólo se dedicó a realizar trabajos ante la Administración.