En la provincia gaditana se han presentado ya 1.553 objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) (50.000 en España), según informó ayer el colectivo de padres objetores, conformado por diferentes plataformas y asociaciones. Según explicaba ayer en El Puerto el portavoz del Foro de Laicos Asidonia de Jerez, Ignacio Martínez, los municipios con mayor número de objeciones son aquellos en los que existen plataformas: Jerez y El Puerto (con unas 400 cada una) encabezan la lista, seguidos de San Fernando, con unas 100 objeciones, Chiclana y Cádiz. El resto provienen de municipios repartidos por la provincia.

Por otra parte, el movimiento objetor contra EpC en la provincia ha criticado la presión que reciben por parte de las administraciones públicas de modo que algunos padres han abandonado la lucha, dejando que sus hijos asistan a clase, aunque sigan esperando que el asunto se resuelva cuanto antes.

La presión de la Administración también se observa, a juicio de los afectados, en el hecho de que sólo cinco colegios de la provincia hayan acogido conferencias informativas sobre el tema. Conferencias que, según Mariola Sánchez, "sólo contienen datos objetivos y en ningún momento opiniones". Desde la plataforma portuense de objetores señalaban que, aunque la asociación de padres de alumnos de un colegio solicite al colectivo una charla informativa, luego, desde el propio centro se oponen a ceder el espacio para llevarla a cabo. Uno de sus portavoces, Guillermo Carrero Blanco, apuntaba que esta circunstancia ocurre tanto en centros públicos, privados y concertados. Y es que, aseguran, "donde se hacen conferencias, se registran objeciones, por lo que la Administración, lo que quiere, es que no se informe".

Los objetores se encuentran actualmente a la espera de que el Tribunal Supremo les dé la razón en sus reclamaciones, aunque ya han señalado que, si la resolución no es satisfactoria, se recurrirá al Tribunal Constitucional, y, en última instancia, irán a Estrasburgo. Igualmente, aún esperan una contestación de la Fiscalía por la denuncia que interpusieron los padres de los niños cuyos nombres fueron publicados en el BOJA.