"Los propietarios no ponen sus pisos en alquiler en Cádiz porque temen que no se les pague la renta"

Ninguna administración da con la tecla adecuada para rebajar la tensión que hay en todo el sistema inmobiliario español, y con especial fuerza en Cádiz

Tras explotar la burbuja del sector en 2008, el número de pisos de nueva planta se ha ido reduciendo año tras año mientras que la demanda se ha mantenido o ha crecido en número. A la vez, los precios ni han bajado ni se han mantenido estables, pues en las grandes ciudades se mantiene una tendencia al alza. Precios que también afectan a la oferta en alquiler y que toca de lleno, fundamentalmente, a los grupos más jóvenes de la sociedad.

Junto a ello, los costes de construcción se han disparado, limitando la viabilidad de muchas posibles promociones o de operaciones de rehabilitación en los cascos históricos.

La provincia de Cádiz no se libra de esta tormenta perfecta. Zonas como la capital, donde el problema de la vivienda es endémica, se buscan huecos casi donde no los hay para nuevas construcciones. Ciudades como Jerez, donde hace tres años era factible encontrar segunda mano de grandes dimensiones a precios asumibles, están viendo como el valor de las casas comienza a dispararse.

Administraciones por un lado, especialmente la estatal y la autonómica; inversores de la construcción, por otro; y entre ellos el ciudadano que quiere comprar o vender. Una visión de la realidad de todos los implicados en este problema lo tienen las empresas del sector inmobiliario que viven el día a día del que es uno de los principales quebraderos de cabeza del ciudadano.

Buena parte de este colectivo está integrado en GICA, la asociación provincial formada por más de un centenar de empresas inmobiliarias. Actualmente están al frente de la misma Lucas Carrasco, junto a la vicepresidenta Begoña Gómez. Ambos han analizado en una conversación con Diario de Cádiz los problemas y posibles soluciones a este caos.

Tienen claro ambos que la Ley de la Vivienda, aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez hace cerca de año y medio, está fracasando. “Cuando salió ya se preveía que no iba a funcionar, porque estaba mal planteada. Y el tiempo nos ha dado la razón. Pero el problema no es que no funcione, si no que está haciendo daño a la propia sociedad”, destaca Lucas Carrasco, pues los precios (especialmente en los alquileres) no bajan y la oferta no aumenta ante tanta demanda.

Reclama el colectivo que se les tenga en cuenta a la hora de buscar soluciones a este problema, una vez el poder asuma el fracaso de esta Ley. No ocurre así pues, al contrario, consideran que “nos quieren echar parte de la culpa, cuando somos parte de la solución del problema”.

Begoña Gómez deja claro que “es una ley intervencionista, cuando este debe ser un mercado capaz de autoregularse, atendiendo a la oferta y a la demanda”. 

En este sentido advierte que “el arrendador ve que no se le dan seguridad cuando saca su vivienda al mercado, que se le limita la subida anual de la renta. También se les dificulta actuaciones en casos de desahucios. Antes estos tardaban 12 o 14 meses en ejecutarse y ahora se llega a a los 30 meses, ya que los infractores pueden aducir situaciones de vulnerabilidad social y económica por numerosas causas. Y junto a todo ello, la Ley de Vivienda prohibe los avales, lo que resta seguridad a los propietarios que ponen pisos en alquiler”.

Con todo ello, se constata “el mercado del alquiler se viene abajo. Hay muchos arrendadores que se echan atrás y acaban optando por el alquiler estacional tanto de verano como de época escolar, que con residencias menos reguladas y que le dan al año un mayor beneficio económico”. 

También se constata el riesgo de incrementar el número de viviendas que se quedan, finalmente, vacías sin salir al mercado de alquiler y solo esperando una mejor época para proceder a su venta.

“Muchos propietarios tienen claro que la legislación no les ayuda y que incluso se favorece a quienes dejan de pagar la renta en algún momento”. 

Junto a todo ello, el bono joven.

Aquí, los directivos de GICA también destacan los errores en su planificación. “Hay que tener en cuenta que para una vivienda en alquiler hay muchos peticionarios, por lo que el propietario puede elegir. Y normalmente no se opta por el joven, porque se busca una garantía de ingresos. Además, la tramitación del bono se alarga durante demasiados meses, lo que es un problema añadido”. De esta forma, se considera que la norma del bono joven debería de ir acompañada de “otros beneficios para el propietario, como en cuestiones fiscales o la reducción del IBI, y así priorizar el alquiler dirigido a los más jóvenes”.

En la búsqueda de nuevas viviendas, tanto para su venta como para su alquiler, desde GICA se defiende el cambio de uso de inmuebles, especialmente los que pasan de comercios a viviendas.

“Facilitar la conversión de locales en viviendas es parte de la solución, sobre todo en ciudades muy congestionadas y en las que el PGOU definió ‘arterias comerciales’ calles en las que los locales no tienen ningún éxito como es el caso de la capital gaditana”.

En esta ciudad, hoy una de las capitales del país con el precio del metro cuadrado más caro, ya se están dando estos casos reclamados en barrios como los de Santa María o San Juan. Curiosamente, en el Paseo Marítimo se está produciendo la conversión de algunos locales de hostelería en apartamentos turísticos.