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Provincia de Cádiz

El presupuesto entrará en vigor tras el rechazo de las alegaciones

El presupuesto de la Diputación para 2014 entrará en vigor tras rechazarse ayer en un pleno extraordinario y urgente - con los votos del Partido Popular ya que el resto de grupos no acudieron- las alegaciones presentadas por el PSOE y funcionarios de la Corporación provincial. El diputado de Hacienda, Juan Antonio Liaño, consideró ayer que lo propuesto por el grupo socialista conforma "una carta a los reyes magos de 37 millones de euros".

Según expuso el diputado socialista, José María Román, en las liquidaciones de los últimos ejercicios ha habido un alto porcentaje de presupuesto no ejecutado que en el 2013 "llegará a los 25,3 millones en el Instituto de Empleo de la Diputación". Román dijo "que no nos podemos permitir el lujo de presupuestar gastos que luego no se ejecutan". "No estamos pidiendo más dinero sino con el margen que no se ha ejecutado", insistió.

Así, el PSOE reclamaba un plan de empleo, otro para el pequeño tejido empresarial, más dinero para carreteras, un proyecto para que los ayuntamientos pequeños puedan hacer frente a gastos corrientes o más dinero para el Consorcio de Bomberos.

Desde el gobierno provincial rechazaron las reclamaciones porque "aluden a una legislación derogada y proponen gastos sin atender a los ingresos, sin aludir a la limitación del gasto o a los préstamos que hay que afrontar", manifestó Liaño, que acusó al PSOE de retrasar el presupuesto de la provincia y hacer perder el tiempo "con un pobre bagaje para un pleno urgente".

El responsable económico de la institución reiteró que el presupuesto de la Diputación, de 246 millones de euros, hace hincapié en tres grandes líneas de gestión política para la provincia, como son el fomento de las políticas de empleo, atender a las necesidades en infraestructuras y servicios públicos y cubrir las demandas de las políticas sociales para la población.

También se rechazaron las alegaciones por la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) presentada por trabajadores. El equipo de gobierno defendió que ha sido negociada con los sindicatos con diferentes reuniones.

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