La planta de Las Calandrias amenazó en marzo con no tratar la basura de la ciudad

La UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por las empresas Sufi y Verinsur, que explotan la planta de tratamiento de residuos de Las Calandrias en Jerez, volvió a amenazar al Ayuntamiento el pasado mes con impedir el acceso a este recinto de los vehículos de recogida de basura de la ciudad. Esto podría haber provocado que, tal y como ocurrió en diciembre, los operarios de la limpieza no hubieran podido recoger los residuos de los contenedores ya que es a esta instalación donde se llevan cada día para su clasificación y tratamiento.

El motivo esgrimido por la empresa concesionaria de Las Calandrias fue el mismo que en diciembre. Así, exigía que el Ayuntamiento actualizase las tarifas que abona actualmente por el uso de la planta de tratamiento. La amenaza se produjo el 21 de marzo durante una reunión entre representantes de las empresas concesionarias y del Ayuntamiento donde se trataba de llegar a un acuerdo sobre la revisión de los precios de uso. Tal y como ocurrió en diciembre, el Gobierno local mostró su disposición a aceptarlo pero, siempre y cuando se justificase y se hiciera mediante el procedimiento que establece el convenio que firmaron en 2008 los ayuntamientos de El Puerto y Jerez para la utilización de Las Calandrias. Tras esta reunión, la empresa presentó una nueva documentación que para el Gobierno local fue suficiente para ceder y aprobar las nuevas tarifas en la sesión del Pleno Municipal que se celebró el pasado jueves.

De este modo, el Ayuntamiento tendrá que pagar más a partir de ahora por el uso de Las Calandrias. Así, se ha estimado un coste para este año de 1,8 millones de euros para la recepción de unas 44.800 toneladas de basura (en 2010 se presupuestó 1,6 millones). El incremento se produce por las mejoras salariales incluidas en el último convenio acordado entre concesionaria y plantilla de trabajadores así como por el aumento del número de trabajadores por una serie de mejoras que se hicieron en la planta. En un principio, el Ayuntamiento no estaba por labor de hacer frente a este sobrecoste ya que consideraba que la empresa no lo había justificado adecuadamente.

No obstante, a los 1,8 millones de euros habrá que sumar la aplicación del IPC a las tarifas de los años 2009 y 2010, lo que supondrá un coste total por este servicio de algo más de 2 millones de euros para este ejercicio.