El piloto de la narcolancha que mató a dos guardias civiles en Barbate cumple un año en prisión

Karim El Baqqali, el piloto de la narcolancha detenido por matar a dos agentes de la Guardia Civil tras embestirlos hasta en seis ocasiones en el puerto de Barbate el 9 de febrero de 2024, cumple un año en prisión después de que se entregara siete meses después de los hechos, el 19 de septiembre. Posteriormente, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 se detuvo a los tres tripulantes que lo acompañaban, de los cuales dos están en libertad desde el mes de julio tras haber abonado una fianza.

La detención de Karim provocó diversas reacciones, como la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien puso en valor que "desde el primer momento" la Guardia Civil había trabajado para identificar y poner a disposición judicial a los autores del asesinato de dos guardias civiles en Barbate.

Para el ministro, ese trabajo de la Guardia Civil era la demostración del "compromiso" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "seguir luchando como se está haciendo contra todas las organizaciones criminales que ponen en serio riesgo los valores y la convivencia".

El trabajo de la Guardia Civil para dar con los autores de los hechos fue complicado, ya que en un principio, escasas horas después de los hechos, fueron detenidas seis personas de otra narcolancha también presente esa noche en el puerto de Barbate liderada por el conocido como 'Kiko el Cabra'.

Meses después, en mayo, un informe de la Guardia Civil descartaba que la narcolancha que pilotaba 'Kiko el Cabra' fuera la que embistió en varias ocasiones hasta asesinar a los dos agentes. El informe fue elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y certificaba que en base a los elementos objetivos recabados era posible concluir que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate, hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil, no era la intervenida la mañana del 10 de febrero en La Línea de la Concepción, horas después del trágico suceso.

Para ello, se recabaron declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos el de uno de los detenidos que ingresó en prisión que grabó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble asesinato y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí, Karim.

Así, la detención de Karim meses después provocó la "satisfacción" del Gobierno, mostrada por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que resaltó también "la absoluta colaboración" por parte de Marruecos "desde el inicio de esta investigación". Además, alabó la investigación "concienzuda" de la Guardia Civil.

Asociaciones como Jupol y AUGC también celebraron la detención al suponer un "importante avance" para esclarecer lo ocurrido y que los otros tres implicados fueran puestos a disposición judicial, como así fue posteriormente. No obstante, también pidieron "responsabilidad en todos los niveles" por la "mala planificación" del operativo de aquella noche del 9 de febrero de 2024 en el puerto barbateño.

"Que vuelvan vivos"

Una satisfacción pero a la vez con reivindicación que coincidía con la de la asociación 'Nuestro corazón por bandera', compuesta por mujeres de guardias civiles y policías, que manifestaba que "el problema de fondo no ha cambiado porque ellos siguen sin los medios suficientes para desempeñar su trabajo".

Agradecieron a la Guardia Civil "la labor tan buena realizada" y pedían al Gobierno, "por favor, que reaccione ya y haga algo por revertir la situación". "No queremos seguir teniendo miedo cada vez que nuestros familiares salen a trabajar, queremos que vuelvan vivos a casa y no queremos que vuelva a repetirse esta triste situación", manifestaban desde la asociación.

Un año después de la detención del piloto de la narcolancha, la situación es que Karim y uno de los tripulantes permanecen en prisión y dos de ellos están en libertad provisional con la imposición de varias medidas cautelares como la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.