El ex párroco de Vejer, Antonio Casado, sigue librando una dura batalla contra el Obispado de Cádiz y su titular, Rafael Zornoza. Una guerra en la que está en juego la culpabilidad o inocencia del sacerdote, el victimismo de haber sido objeto de estafa o extorsión o la punibilidad por haberse apropiado de hasta 352.000 euros de la parroquia del Divino Salvador. Después de haber recibido el duro golpe que le asestó el Tribunal Metropolitano de Sevilla, que le condenaba a devolver esa cantidad económica a la parroquia y a estar recluido al menos cinco años sin ejercer el sacerdocio ni volver a administrar en el futuro bienes eclesiales, Casado ha presentado recurso de apelación contra ese dictamen. Es más, el sacerdote ha solicitado la nulidad de esta sentencia.

La querella de nulidad contra la sentencia y el recurso de apelación ha sido ya presentado ante el Tribunal Metropolitano de Sevilla, tal y como ha confirmado a este periódico el propio sacerdote. Su abogado, Antonio García, explica que los motivos que sustentan esta respuesta a la sentencia son, principalmente, el hecho de “haber cercenado el derecho de defensa de Casado” así como “irregularidades procesales” que entienden se han repetido durante el proceso canónico, “desde la propia composición del tribunal hasta la intervención de algunos de sus miembros”.

Respecto a la defensa del acusado, el abogado llama la atención sobre su “flagrante indefensión”, evidenciada por el rechazo a muchas de las pruebas que se han planteado; entre ellas, una pericial contable, “que es lo más normal cuando lo han acusado de un delito económico”, o una pericial psicológica “que podría haber demostrado que Casado ha sido víctima de una estafa o de una extorsión, lo cual habría influido en su imputabilidad”, explicaba el abogado en declaraciones realizadas a la emisora Radio Juventud de Conil. “Hemos presentado 24 tomos de pruebas, y no han aceptado ni el 20%”, indicó.

A diferencia de lo que el Tribunal Metropolitano de Sevilla considera probado contra las actuaciones de Casado, la defensa insiste en que puede probar que el sacerdote “fue objeto de una extorsión o estafa a cuenta de la adopción de su hijo”; estafa que según defienden queda demostrada en base a unos correos electrónicos que el tribunal rechazó como prueba.

Respecto a la enajenación de bienes de la parroquia, la defensa argumenta que la pérdida de masa patrimonial se debe al acto de donación de Casado cuando aún era párroco de cinco fincas a favor del Obispado. “Por eso falta masa patrimonial en la auditoría que practican al año siguiente”, explicaba en la radio García Berbell. Y en el apartado económico, que imputa al sacerdote hasta 352.000 euros extraídos de las cuentas parroquiales, también alega la defensa que los movimientos en las cuentas bancarias están justificados. Eran “cheques que libraba Casado para gastos de la parroquia: obras de mantenimiento, personal…”, explicaba el letrado.

Antonio Casado, por tanto, mantiene que es inocente de todo cuanto se le achaca de su etapa como párroco de Vejer. Y por ello va a seguir peleando la causa canónica, que será recurrida al Tribunal de la Rota si el Metropolitano de Sevilla no acepta la querella de nulidad y el recurso de apelación. Sin olvidar que, en paralelo, este sacerdote tiene abierto también un proceso penal en el Juzgado de Instrucción de Barbate que está pendiente de resolución.