1.300 padres en la provincia se oponen a EpC

El movimiento de objeción de conciencia contra la asignatura obligatoria Educación para la Ciudadanía cuenta ya en la provincia con 1.300 padres. Así se expuso ayer, en la presentación pública de una de las asociaciones más activas de la provincia, la plataforma Julio Gómez-Pastrana 'Familias objetoras de El Puerto' . Este colectivo contrario a la obligatoriedad de la asignatura Educación para la Ciudadanía surgió el año pasado y ha ido creciendo en la ciudad, al mismo tiempo que se ha extendido la objeción en todo el país, con la incorporación de padres de otros centros, privados y concertados. Actualmente, la plataforma ha registrado la entrega de 180 escritos de objeción de conciencia, por parte de familias portuenses, ante la Delegación provincial de Educación de la Junta, redactadas por familias de todos los cursos, aunque en los próximos días se entregará otro centenar más, tras el último periodo de matriculaciones.

Con esta presentación, la plataforma pretende involucrar a aquellos padres que ven en esta materia una violación de los derechos fundamentales de los progenitores a educar a sus hijos con los valores morales que ellos decidan. Para eso, a partir de ahora, la plataforma organizará conferencias sobre el tema, campañas informativas, mantendrá contactos con las autoridades locales y se pondrá a disposición de todas las asociaciones de padres para asesorar a las familias que coincidan con sus propuestas. La plataforma portuense, además, organizará el próximo 11 de octubre, en El Puerto, el primer encuentro provincial de objetores de conciencia. La plataforma recuerda que en España ya se han registrado 45.000 objeciones, en Andalucía, 7.500, y unas 1.300 en la provincia. Sin embargo, lamentan que la Junta no contabiliza las objeciones de alumnos que no están cursando la asignatura, por lo que reduce la cifra hasta un 30 por ciento aproximadamente en el caso de El Puerto. La plataforma también apunta que en la provincia existen 29 autos de medidas cautelares, por las cuales se exime a los alumnos de acudir a clase y de que sean evaluados. Igualmente, ya hay dos casos en la provincia (en El Puerto, concretamente) de sentencias judiciales del TSJA que reconocen la objeción a los padres.