El ladrillo se tambalea

Sus cifras son abrumadoras pese a que sólo llevan luchando contra el urbanismo ilegal en la provincia un año y siete meses. Ahora, eso sí, no han parado. Ha habido que posponer la entrevista con este diario varias veces. Tenían trabajo de campo. O tenían que ir a testificar al Juzgado, en alguna de las numerosas diligencias que llevan entre manos.

Lo suyo fue llegar y besar el santo. "Cuando llegamos nosotros ya estaba la denuncia esperándonos", se ríe al recordarlo Manuel Monroy, uno de los tres únicos guardias civiles que conforman el Equipo contra la Delincuencia Urbanística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, que comenzó a funcionar el 12 de marzo de 2007.

Tanto él como los otros dos integrantes del equipo, el Edu, José Fernández y Agustín Medina (el único que no ha podido acudir al encuentro, al estar ocupado) se estrenaron ese mismo día con la denuncia que daría paso en el verano a la Operación Obra Nueva, la trama desmantelada en Chiclana conformada por un heterogéneo grupo de arquitectos, tasadores y promotores, con un abogado al frente, que lleva camino de sentar precedente en la corrupción urbanística en la provincia de Cádiz.

Después de esa, han llegado más. Hasta once operaciones han comenzado desde marzo del 2007 hasta la fecha. Y el trabajo les ha lucido: acumulan ya 38 detenidos y 48 imputados, 86 implicados en total, junto a la toma de declaración a nada menos que 109 testigos.

Las cifras de su día a día poniendo coto al ladrillo irregular en la provincia son aún mayores si se desglosa la completa estadística que han elaborado para la entrevista atendiendo al número de delitos detectados. 162 a imputar a los 86 implicados en las distintas operaciones.

A la cabeza, la falsedad documental, con 86 casos, otros tantos certificados de técnicos acreditando de manera fraudulenta la existencia de viviendas inexistentes o recién hechas con una supuesta antigüedad de más de cuatro años, para poder eludir la acción sancionadora de la Administración.

Los presuntos delitos de estafa también son cuantiosos: 42 casos, en su mayoría, protagonizados por las hipotecas logradas de modo irregular para financiar la construcción de las casas al margen de planeamiento, que se han dado en Chiclana.

34 delitos contra la ordenación del territorio se unen a otro abanico de conductas presuntamente ilegales tipificadas como cohecho (2), malversación de caudales públicos (2), y negociaciones prohibidas a los funcionarios, prevaricación, conductas afines a la receptación, amenazas y desobediencia a agente de la autoridad, con un caso cada uno. Un extenso abanico que pone de relieve la impunidad con que hasta ahora han estado actuando los aún numerosos supuestos delincuentes del urbanismo que pululan por la provincia.

Hasta la fecha, su trabajo se ha desarrollado en diez municipios. Chiclana, que parece haberse convertido en buque insignia de las irregularidades, es la localidad que acumula un mayor número de operaciones. Tres de las cuatro cuyos nombres han salido a la luz pública en los últimos meses tienen allí sus raíces: la archifamosa ya de Obra Nueva (que suma ya casi los cuarenta implicados y que sigue abierta), la Operación Peligra (con 11 implicados, un coletazo de Obra Nueva, aunque al margen de esa trama) y la Operación Bricolaje (por el ex concejal socialista Sebastián Verdugo, que supuestamente se construyó una vivienda con material municipal, según denunció en su día la Corporación Municipal, con cuatro implicados).

Pero también trabajan en El Puerto de Santa María (con la llamada Operación Obra Nueva Puerto, bautizada así al poder estar implicados varios de los profesionales imputados en la macro operación chiclanera, en este caso, con posibles implicaciones políticas del anterior gobierno municipal). Y en otras ocho localidades más: Cádiz, Jerez, Arcos, Conil, Prado del Rey, Puerto Real, Puerto Serrano y Rota.

De momento, no pueden decir nada más, para no entorpecer las investigaciones en marcha. Porque son muy recelosos con un trabajo del que no desconectan nunca, que a diario se llevan a casa. "Y hay que conciliarlo luego con la vida familiar", suelta uno de ellos. Un trabajo para el que quieren dejar claro que por norma general cuentan con total colaboración. Tanto por parte de los ciudadanos, como de jueces y fiscales, de notarios y registradores, y de ayuntamientos. Un trabajo que llevan adelante "sin presiones de ningún tipo, ni políticas ni de los mandos", se apresuran a puntualizar, y para el que acostumbran a trabajar codo con codo con la Fiscalía. Normalmente, con el fiscal de Medio Ambiente, aunque también con la fiscal Anticorrupción.

Un trabajo en el que demasiado a menudo se ven obligados a trabajar contra el reloj. "Porque el fiscal sólo tiene seis meses para instruir", lamentan. Y aunque el plazo a los profanos les pueda parecer amplio, corre que se las pela en muchas ocasiones a causa del mal endémico de la administración, la maldita burocracia. "Nosotros mandamos un informe preliminar si vemos indicios. Y ya el fiscal valora si presenta la denuncia. Pero hay que pedir mucha documentación para ello. Y la Administración funciona como funciona", explica uno de los guardias. Su compañero asiente y abunda: "No es por falta de colaboración de los ayuntamientos, pero están todos colapsados".

Así que en la práctica se ven obligados a emprender una carrera frenética en sus investigaciones, en las que alternan el trabajo de campo, el pateo de finca en finca, comprobando todas las denuncias que llegan a sus manos, con el trabajo en el despacho. Al frente del ordenador, en el que el programa informático GoolzOOm (una virguería que muestra las parcelas hasta con su referencia catastral) y sobre todo las orto fotos digitales realizadas por las administraciones (éstas sí con validez legal como pruebas en un juicio) se han revelado en la práctica como sus mejores aliadas.

"¿Ves?. Aquí, en el 2002, en esta terreno no había nada edificado", explica desde su ordenador uno de los guardias, mostrando una orto foto digital de ese año. "Lo mismo ocurría en el 2003, en el 2004 y en el 2005. Y aquí tenemos un certificado de un técnico de 2005 diciendo que había una casa de más de cinco años de antigüedad". Breve pero demoledor resumen de un caso práctico de irregularidad urbanística que ha tenido a la localidad de Chiclana como escenario.

"Ha habido una impunidad grandísima por parte de las administraciones por escasez de personal", resume otro de los agentes. Y otro problema añadido: la falta de concienciación social que hasta ahora había contra este tipo de delitos. "No estaban mal vistos", pone el dedo en la llaga uno de los Edus. "Como todo el mundo lo hacía...", remata su compañero.

Poco a poco, no obstante, creen que esa mentalidad ha ido cambiando. "Es difícil entender que en un ayuntamiento se dieran una vuelta por una zona y no vieran lo que estaba ocurriendo, cómo se levantan casas y casas sin licencia. Ahora sin embargo, hay más interés que antes en acabar con esto. Y se está haciendo, aunque se cuenta con los mismos medios de antes". Ellos, por lo pronto, sin desmerecer el trabajo de otros Cuerpos de Seguridad, en el año y siete meses que llevan trabajando, han dado un gran empujón al urbanismo ilegal para que la corrupción del ladrillo al menos empiece a tambalearse.

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