El juez prorroga 6 meses la investigación por posibles irregularidades en contratos del SAS en Cádiz

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha decidido prorrogar seis meses más la instrucción de la investigación sobre el supuesto fraccionamiento irregular de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por valor de 235 millones de euros en la provincia.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el juez Manuel Jesús Gómez Gómez establece que ante la posibilidad de que no sea posible finalizar la investigación judicial antes de que acabe octubre de 2025, fecha de vencimiento del plazo ordinario de instrucción, y al existir diligencias pendientes de practicar y nuevas que pudieran precisarse, procede prorrogar el periodo.

Esta prórroga había sido solicitada por el fiscal, PSOE y Podemos, partidos personados en este sumario como acusaciones.

La Junta de Andalucía y la defensa de la única persona que de momento tiene la consideración de investigado en el caso, Demetrio González Mera, director económico de la central de compras de Cádiz del SAS, han recurrido esta ampliación del plazo.

Ambas entienden que la prórroga acordada carece de la "debida motivación" y no expone "razonadamente" cuáles han sido las causas que "han impedido finalizar la investigación en plazo".

"La total ausencia de la debida motivación tanto en el auto recurrido como en el informe del Ministerio Fiscal de septiembre de 2025 reviste un carácter particularmente grave si se atiende a que la duración limitada de la fase de instrucción se vincula directamente con la protección de varios derechos fundamentales", añade el PP en su recurso.

En su escrito el abogado del investigado se queja de que el juez "no da respuesta alguna a las solicitudes de sobreseimiento" que presentó.

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha valorado la decisión del juez de Cádiz de prorrogar seis meses más la instrucción sobre el fraccionamiento de contratos sanitarios del SAS en la provincia de Cádiz, una investigación "que apunta a posibles irregularidades en la gestión del sistema público andaluz bajo el Gobierno del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, del Partido Popular".

"Si desde el Gobierno andaluz no tuvieran nada que esconder ni que temer, no tendrían por qué oponerse a que se investigue en profundidad", ha afirmado.

La dirigente de Podemos Andalucía ha recordado que "hay que llegar hasta el fondo de la cuestión y ver cómo desde que gobierna el PP se ha desviado mucho dinero público a la sanidad privada, mientras se deterioraba lo público, en un modelo que supone "una privatización encubierta".

Podemos Andalucía impulsó la denuncia que ha llevado a investigar fraccionamientos irregulares de contratos sanitarios por valor de 235 millones de euros supuestamente para eludir los controles de fiscalización.

La Junta de Andalucía está considerada responsable civil subsidiaria en la causa.