JUCIL demanda la restitución de OCON Sur para frenar el narcotráfico en Cádiz

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (JUCIL) ha presentado sus principales reivindicaciones para los agentes de la provincia de Cádiz. Estas incluyen la equiparación salarial con policías autonómicas, la implementación de un turno de trabajo 6x6 (similar al de la Policía Nacional), el acceso a la jubilación en condiciones equiparables a otros cuerpos policiales, el reconocimiento como profesión de riesgo y más medios humanos y materiales para combatir la delincuencia. Dichas demandas forman parte del programa electoral con el que JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, se presenta a las elecciones al Consejo del cuerpo.

El Consejo de la Guardia Civil es un órgano colegiado donde representantes de la Benemérita y la Administración General del Estado buscan mejorar las condiciones profesionales y el funcionamiento institucional. JUCIL, con seis de los 30 representantes actuales, utiliza esta plataforma para impulsar sus propuestas.

Agustín Domínguez, secretario provincial de JUCIL en Cádiz, ha declarado que la provincia enfrenta "desafíos críticos: atender un territorio muy extenso con plantillas insuficientes y cada vez más envejecidas para hacer frente a problemas tan graves como la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado". Según Domínguez, las reivindicaciones buscan reforzar y empoderar a los guardias civiles de Cádiz para mejorar la seguridad ciudadana, urgiendo "una acción inmediata".

Domínguez ha reiterado la solicitud de declarar el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad. Esta medida permitiría dotar a la provincia de recursos extraordinarios y permanentes para un problema de seguridad y socioeconómico excepcional. Además, JUCIL demanda la restitución inmediata de la estructura del OCON SUR o de una unidad similar con plena capacidad operativa para combatir frontalmente el narcotráfico.

Junto a estas peticiones, la asociación considera prioritario un aumento urgente de personal en la Comandancia de Cádiz, con una reestructuración de unidades que optimice recursos y garantice un servicio más eficaz y seguro. Proponen turnos de trabajo regulares para favorecer la conciliación y el descanso, y mejorar la figura del Coordinador de Servicios con remuneración acorde a su responsabilidad, evitando perjuicios en la vida personal. La optimización de recursos y la conciliación son aspectos clave.

En seguridad y medios, JUCIL "exige la eliminación de los servicios conjuntos que obligan a los agentes a desplazarse en solitario para recoger a otro componente, práctica que es ineficaz y un riesgo evitable". Es imprescindible dotar de material de seguridad especializado al Servicio Marítimo, incluyendo chalecos con flotabilidad y calzado apropiado. Para los puestos de la Sierra, donde actúan sin apoyo, es "vital la incorporación de pistolas Taser". Finalmente, instan a incorporar equipos de drones en los puestos principales para mejorar la respuesta e investigación, y a revisar la adjudicación de pabellones oficiales. La mejora de equipamiento y procedimientos es fundamental.

Domínguez ha recordado que la equiparación salarial con las policías autonómicas es "una deuda histórica de cualquier gobierno con la Benemérita". Ha señalado que "un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso, y 12.000 euros menos que un ertzaina, cuando desempeñamos las mismas funciones". También ha criticado que "tampoco es justo que un guardia civil se jubile seis años más tarde que un policía local o autonómico, además con pérdida de poder adquisitivo".

Finalmente, JUCIL reclama un mayor respaldo institucional por parte de las autoridades públicas. Domínguez ha afirmado que "el principio de autoridad está en franco retroceso" y que necesitan "un respaldo jurídico más vigoroso por parte de las instituciones públicas". Ha expresado su preocupación al señalar que "algo va mal cuando una asociación profesional, como JUCIL, defiende más institucionalmente a la Guardia Civil que sus superiores jerárquicos y políticos", concluyendo que es necesario "un gobierno que defienda el papel, la autoridad y el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional".

JUCIL, con más de 14.000 miembros, se consolida como la asociación profesional más representativa de la Guardia Civil. Su misión se centra en la defensa de los derechos y condiciones laborales de los miembros del Instituto, así como en la reputación del cuerpo. Sus tres objetivos principales son la equiparación salarial con otros cuerpos policiales, la mejora de las condiciones laborales de los guardias civiles y la defensa de un despliegue eficaz y una dotación adecuada del cuerpo en el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas.