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Punto y final a un proceso judicial que ha durado casi tres décadas

Una familia de Alcalá logra 28 años después que la Justicia responsabilice a la Junta del trágico incendio de Grazalema de 1992

  • La Administración andaluza ha abonado ya a la familia García Jaén una indemnización total que roza los 122.600 euros por la muerte de su hermano José María, que fue una de las cinco víctimas mortales de aquel suceso

De izquierda a derecha, Fina García Jaén, su marido Pedro Fernández Luna y su hermano Miguel Ángel García Jaén, fotografiados el pasado jueves en Alcalá de los Gazules. Su otra hermana, María, reside en Paterna de Rivera.

De izquierda a derecha, Fina García Jaén, su marido Pedro Fernández Luna y su hermano Miguel Ángel García Jaén, fotografiados el pasado jueves en Alcalá de los Gazules. Su otra hermana, María, reside en Paterna de Rivera. / Manuel Aragón Pina

La historia, y la vida en sí, suelen dejar de vez en cuando ejemplos de que David es capaz de derrotar a Goliat. No es que pase a menudo pero a veces surgen proezas de ese tipo. Pero, ¿cuánto tiempo puede resistir una persona manteniendo un pulso a Goliat hasta que logra derrotarle? En Alcalá de los Gazules, en el corazón de la provincia de Cádiz, hay una familia, los García Jaén, que han demostrado que a paciencia no les gana nadie. Porque después de más de 28 años de continuas batallas judiciales, casi tres décadas, que se dice pronto, han logrado derrotar a ese mastodonte que se llama Junta de Andalucía.

No están contentos, porque con lo que llevan pasado durante tanto tiempo es imposible que pueden estarlo, pero sí están satisfechos, tranquilos, como si se hubieran quitado una losa de encima. Y es que tras una pugna judicial interminable estos tres hermanos (María, Fina y Miguel Ángel) han logrado que la Justicia termine responsabilizando a la Junta de Andalucía del famoso incendio ocurrido en septiembre de 1992 en el paraje de Monte Prieto, en la Sierra de Grazalema, y en el que fallecieron cinco trabajadores de los retenes antiincendios, uno de los cuales era su hermano José María, que pereció cuando aún no había cumplido los 27 años de edad.

Una sentencia dictada en septiembre del año pasado por la Sala Tercera de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que fue ratificada a mediados de este año por el Tribunal Supremo, ha permitido que estos tres hermanos cobraran a principios de este mes una indemnización global pagada por la Junta que roza los 122.600 euros. El dinero es lo de menos, porque la pena por la pérdida del ser querido sigue y seguirá siempre ahí, pero lo que nadie les puede quitar ya es esa victoria moral que les ha supuesto lograr derrotar al fin a una Junta de Andalucía que en estas tres décadas no ha hecho otra cosa sino entorpecer la obsesión de estos tres hermanos por encontrar la verdad y por que se hiciera justicia.

El drama de los García Jaén tiene una fecha grabada a fuego, nunca mejor dicho: lunes 7 de septiembre de 1992. Ese día Pedro Fernández Luna, esposo de Fina, acompañó en su coche a su cuñado José María al helipuerto de Alcalá. Junto con otros dos compañeros del retén de esta localidad jandeña habían sido llamados a sofocar un incendio forestal desatado la jornada anterior en Monte Prieto, un paraje ubicado entre los términos municipales de Grazalema y Zahara de la Sierra. Nunca más volverían a verlo con vida en Alcalá.

Al mediodía alguien les ordenó que se introdujeran en una vaguada muy escarpada para hacer frente a las llamas, pero entre las dos y las tres de la tarde se desató el infierno. Posiblemente fuera por un cambio de viento pero lo cierto es que de la nada surgió una gran bola de fuego. Los expertos le llaman el efecto chimenea. Las llamaradas lo ocuparon todo y el humo se encargó de los demás.

Aquel incendio aún se recuerda hoy en Grazalema, en la Sierra y en buena parte de la provincia gaditana porque sus consecuencias fueron demoledoras: cinco personas fallecidas y un herido de extrema gravedad. José María García Jaén fallecía por inhalación de humo con apenas 26 años de edad y siendo soltero y sin hijos. Junto a él morían también los otros dos miembros del retén de Alcalá (Bartolomé Toledo, de 53 años, y Diego Márquez Toscano, de 22) y otros dos trabajadores del retén de Bornos (Manuel Andrade Cervera, de 38 años, y José Castro Lozano, de 37). Un hermano de este último, Juan Castro, lograba salvar la vida aunque a un precio muy alto: las quemaduras sufridas hicieron que con los años tuviera que ser intervenido en varias ocasiones, sumando una veintena de injertos en su piel, además de padecer problemas respiratorios graves. Todos, los fallecidos y el herido, formaban parte de la extinta Getisa (Gestión de Tierras S.A.), una empresa de carácter medioambiental dependiente de la Junta y que con los años cambió varias veces de denominación.

El lugar en el que se produjeron las muertes era tan escarpado e inaccesible que los equipos de rescate no pudieron recuperar los cadáveres hasta el día siguiente. Y el incendio en sí no logró ser sofocado hasta el miércoles día 9, arrasando en total unas 900 hectáreas de matorral y monte bajo. Eso sí, el dispositivo logró salvar en su totalidad la Reserva de la Biosfera del Pinsapar, ubicada en las inmediaciones. "Eso era lo único que le importaba a la Junta, salvar el Pinsapar; evitar las cinco muertes no era para ellos tan importante", sigue manteniendo hoy Fina García Jaén.

Después de la tragedia llegaron los funerales, los pésames, los pagos de las aseguradoras y un monolito en recuerdo de las víctimas que se inauguró un año después, cuando ya estaba en curso un primer procedimiento judicial contra la Junta de Andalucía y Getisa para intentar dar con los responsables de la tragedia.

José María García Jaén, fotografiado el 15 de agosto de 1992, apenas 23 días antes de su fallecimiento, ocurrido cuando aún no había cumplido los 27 años de edad. José María García Jaén, fotografiado el 15 de agosto de 1992, apenas 23 días antes de su fallecimiento, ocurrido cuando aún no había cumplido los 27 años de edad.

José María García Jaén, fotografiado el 15 de agosto de 1992, apenas 23 días antes de su fallecimiento, ocurrido cuando aún no había cumplido los 27 años de edad. / Manuel Aragón Pina

La cruzada judicial de la familia García Jaén en este asunto está claramente dividida en tres fases. La primera corresponde a la causa penal interpuesta por ellos y por las tres familias de Bornos y cuya instrucción recayó en el Juzgado número 2 de Arcos.

Hoy, 28 años después, Fina y Miguel Ángel, hermanos de José María, recuerdan con mucho dolor aquellos días. "Fuimos casa por casa por todo el pueblo, para hablar con los que estuvieron allí, para saber por qué metieron a mi hermano en aquella ratonera, para buscar a los responsables, y la respuesta era siempre la misma, que sabían cosas pero que no podían hablar porque si lo hacían perderían su plaza en los retenes, y por tanto sus peonadas, para el verano siguiente. En cierto modo entendemos esa reacción, pero era muy dolorosa", coinciden los dos hermanos. Y Miguel apostilla: "Es que José María no tenía que estar ahí ese día, es que él formaba parte de un retén terrestre, no de uno helitransportado, y además fue llamado cuando estaba de descanso".

Ese supuesto cúmulo de errores tuvo que ser tenido en cuenta por el juez de Arcos que, tras recabar pruebas y testimonios, acabó sentando en el banquillo de los acusados a un total de nueve personas por homicidio imprudente. Pero todo fue para nada porque cuando ya había sido fijada la fecha del juicio en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Jerez, el tribunal decidió archivar y sobreseer el caso por haber prescrito los supuestos delitos. Y ese parecer fue ratificado un año después por el Tribunal Supremo.

Cuando la vía penal se cerró habían pasado ya 14 años de la tragedia. Pero los García Jaén estaban lejos de rendirse, de ahí que en enero de 2006 abrieran una segunda etapa de esta guerra por fases. Ahora tocaba la vía de lo contencioso-administrativo. Y el primer paso fue la presentación en el Registro Oficial de la Junta de una reclamación de responsabilidad patrimonial por la muerte de José María. Reclamaban una indemnización de más de 152.000 euros.

En esta nueva batalla esta familia de Alcalá se quedó sola porque al mes de presentar esta reclamación la Junta aprobaba conceder una indemnización que rozaba el medio millón de euros pero a repartir exclusivamente entre las tres familias de Bornos afectadas las cuales, eso sí, previamente tenían que comprometerse por escrito a no litigar más contra la Administración andaluza por este asunto. A Alcalá, ni un euro.

Pero si la Junta ya se tomó con mucha parsimonia el aporte de pruebas testificales en la causa penal, algo que le llegó a afear en más de una ocasión el juez instructor, ahora iba a superar todos los récords de pasividad conocidos. El dato es demoledor: los García Jaén presentaron su reclamación a la Junta en enero de 2006 y la respuesta oficial llegó casi 11 años después, a finales de septiembre de 2016. En esa década larga hubo tiempo para que los García Jaén cambiaran de abogado y depositaran su confianza en el algecireño Mario Romero Llinás, y también para que buscaran apoyos en todas las instituciones tendentes a romper ese silencio administrativo. Hasta en un escrito fechado el 26 de julio de 2013 la Oficina del Defensor del Pueblo Español llegó a denunciar públicamente la "falta de colaboración" y la "actitud hostil y entorpecedora" de la Junta.

El impulsor de toda esta ofensiva administrativa fue Pedro Fernández Luna, algo que reconocen su mujer y su cuñado. "Sin Pedro nada de esto hubiera sido posible, él lo ha llevado todo para adelante junto con el abogado Mario Romero, que creyó en nosotros desde el primer momento", reflexiona Miguel Ángel.

Como era de esperar la Consejería de Medio Ambiente le dio a la familia un no rotundo a su reclamación de responsabilidad patrimonial. Pero en esa contestación, firmada por el consejero José Fiscal, se incluían frases que dolieron mucho a los García Jaén, sobre todo una en la que se aseguraba que las víctimas del incendio no hicieron caso a las instrucciones de sus superiores e intentaron huir de las llamas por el lugar equivocado.

Con esta contestación en la mano el abogado de los García Jaén ya tenía el camino expedito para poder presentar una demanda por la vía de lo contencioso-administrativo ante el TSJA. Eso sucedía a finales de 2016, abriendo así la tercera fase de esta interminable carrera de obstáculos.

Pero al final, en la meta, estaba el triunfo de una sentencia favorable dictada por el TSJA en septiembre de 2019 y que no fue modificada luego por el Tribunal Supremo, que no admitió a trámite el último recurso de la Junta.

La sentencia del TSJA viene a corroborar que efectivamente la Junta era responsable de los hechos acaecidos en Monte Prieto porque "no se puede obviar que se trataba de un servicio público a cargo de la Administración", dice el fallo. Y añade: "La responsabilidad de la Administración opera no sólo en caso de funcionamiento anormal sino también en el supuesto de funcionamiento normal de los servicios públicos, no siendo imprescindible la concurrencia de culpa o negligencia".

Además, el Tribunal andaluz apoya buena parte de su resolución en un exhaustivo informe elaborado en octubre de 1992 por el inspector de Trabajo Fernando Sicre, quien con los años terminaría siendo director provincial del Ministerio de Trabajo en la provincia de Cádiz y concejal en el Ayuntamiento de la capital gaditana. En el mismo se detallaban infracciones muy graves en materia de seguridad por parte de la empresa a la que pertenecían los fallecidos, así como la falta de adiestramiento de éstos para el correcto cometido de sus funciones. "No tenían las botas necesarias, ni bombonas de oxígeno, ni ropa de trabajo adecuada. Los mandaron a la guerra sin un fusil", resume de forma gráfica el letrado Mario Romero Llinás.

El TSJA anulaba así los argumentos de la Junta, que consideraba que los hechos habían prescrito, que la Administración andaluza no era responsable de nada porque Getisa era un ente independiente, y que en los hechos ocurridos en Monte Prieto había cierto riesgo personal inherente a la profesión de los fallecidos.

Como consecuencia de esta sentencia la Junta fue condenada a pagar a los tres hermanos García Jaén una cantidad total de 122.594,42 euros, que ha sido ya satisfecha a principios de este mes de noviembre.

Y a la hora de las valoraciones Fina García Jaén dice sentirse satisfecha. "Sí, claro que estamos de enhorabuena. Nosotros lo que buscábamos desde un principio era que hubiera un juicio, para encontrar a los culpables, pero esta sentencia sirve al menos para que nos den la razón y para dar carpetazo a todo esto".

Fina se muestra muy disconforme con la actitud de una Junta de Andalucía que, opina, "sólo se preocupó de tapar a los culpables". "Es verdad que la naturaleza está ahí, que los incendios ocurren a menudo, pero a mi hermano no tenían que haberle obligado a entrar allí sin el material necesario para combatir el fuego. Fue una negligencia y la Junta quiso taparla", denuncia sin tapujos.

Su hermano Miguel Ángel corrobora estas afirmaciones pero pone también sus miras en la administración local, en su Ayuntamiento. "Yo en estos 28 años sólo me he reunido una vez con un alcalde, que fue Arsenio Cordero. Y en esa reunión estaba también el actual alcalde, Javier Pizarro, que entonces era concejal. Él se interesó por el tema, sondeó en la Junta, donde su padre (Luis Pizarro) era un peso pesado, pero al poco me dijo que me olvidara, que el tema había prescrito. ¿Prescrito? Ja, ahora me encantaría ver su cara".

Pero Miguel Ángel cree que es hora de mirar hacia adelante. "Esto, todo lo que hemos sufrido nosotros, tiene que servir para algo. Al igual que el incendio en el que murió mi hermano sirvió en su día para que el Plan Infoca mejorara mucho en materia de seguridad y equipamiento, esto también debe servir para que la Junta vea que no se puede tratar así a los ciudadanos. No es justo que la Junta se lave las manos en una tragedia así".

En las últimas tres décadas en Monte Prieto ha habido muchas reforestaciones y también varios incendios más que, afortunadamente, nunca llegaron a ser tan trágicos como el de aquel fatídico septiembre de 1992. El pasado lunes, 9 de noviembre, José María García Jaén hubiera cumplido 55 años. Pero esté donde esté seguro que se siente orgulloso de su familia, que 28 años y dos meses después ha conseguido, ahora sí, extinguir al fin aquel fuego. Para siempre.

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