La avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados en la provincia de Cádiz refleja el daño que va a causar la epidemia de coronavirus en la economía gaditana. Uno de cada tres trabajadores afectados pertenecen a actividades relacionadas con la hostelería, según los datos recabados por UGT a partir de los expedientes que ha podido analizar hasta el momento.

Este sindicato desglosa los datos de casi 1.700 expedientes registrados en Cádiz para un total de 7.618 trabajadores, ya que aún no ha podido analizar al detalle las 5.765 solicitudes que ha recibido la Consejería de Empleo. Un primer análisis refleja que el goteo de expedientes afecta cientos de epígrafes de la clasificación de la Clasificación Nacional de Actividades (CNAE), pero son los negocios de hostelería los que se han acogido en masa a esta herramienta de flexibilidad.

Uno de cada tres ERTE analizados por UGT corresponden a esta actividad. Concretamente, 151 restaurantes han pedido un ERTE para un total de 859 trabajadores, lo que arroja una media de 5 trabajadores por negocio. A ellos se suman 360 establecimientos de bebidas que suman 1.457 asalariados, a una media de cuatro trabajadores por empresa.

Y por último, hay que agregar 29 empresas de catering para eventos, con 140 trabajadores, que supone una media de 4,8 por empresa. Esta media tan baja se debe seguramente a que la mayor parte del personal es contratado ex profeso para eventos, con lo que la plantilla fija es muy reducida. En total, estos tres epígrafes suman 2.456 trabajadores y 540 expedientes, lo que supone a grandes rasgos uno de cada tres expedientes.

Hoteles y campings

Otra derivada de la caída de la hostelería es el sector hotelero. UGT contabiliza 268 afectados por un total de 38 expedientes, aunque es de esperar que esta cifra sea muy superior en realidad dado que se refiere únicamente a empresas con sede en la provincia, y muchos negocios pertenecen a cadenas hoteleras cuyos ERTE no se tramitan a nivel provincial.

El comercio también refleja un fuerte impacto. Los diferentes epígrafes es lo que se dividen sus negocios suman un total de 1.220 trabajadores afectados en los diferentes epígrafes en los que se divide esta actividad para un total de 302 empresas. Esto arroja una media de cuatro trabajadores por negocio, lo que refleja una vez más la atomización del sector empresarial gaditano, compuesto mayoritariamente por pequeñas empresas.

El sector de la venta y reparación de vehículos también se ha adherido a las suspensiones de contratos. Suman 617 trabajadores afectados de un total de 83 empresas. 

No faltan las solicitudes de las suspensiones de empleo en construcción y promoción inmobiliaria, pese a que son actividades que teóricamente podían seguir operando según del decreto del estado de alarma. Precisamente, el sector lanzó recientemente la voz de alarma por los problemas de suministro que está encontrando para continuar con las obras.

UGT registra 16 ERTE de constructoras para 169 trabajadores. A ellos se suman 15 expedientes de empresas instaladores (electicidad, fontanería, etc), para 83 asalariados; 40 trabajadores afectados en construcción de carreteras y ferrocarriles y otros 19 en empresas de demolición. En cuanto a las  inmobiliarias, UGT suma casi un centenar de afectados por ERTE. 

Estas cifras irán al alza en los próximos días, conforme avance la tramitación de los ERTE presentados ante la Consejería de Empleo. Desde el sindicato se insiste en las dificultades que está encontrando para recabar información, ante la falta de un registro público en el que se pueda consultar los expedientes presentados.  

Suspensión o reducción de la jornada

El ERTE supone la suspensión temporal de los contratos de trabajo o la reducción temporal de la jornada de trabajo de los empleados y su duración depende de la situación coyuntural que se pretende superar, que en este caso sería el estado de alarma derivado del Covid-19. Durante su aplicación, los trabajadores reciben la prestación por desempleo, aunque algunas empresas abonan un complemento para reducir la merma de poder adquisitivo de los afectados.

Los ERTE no suponen despido, por lo que tienen un menor coste para la empresa y para el trabajador en la situación excepcional actual por el coronavirus. Todos los ERTE presentados lo han sido acogiéndose a causa de fuerza mayor, lo que simplifica su tramitación, pues su plazo de aceptación es de sólo cinco días y existe silencio positivo favorable al peticionario, si no hay contestación de la Administración en ese plazo.

La normativa que regula estos Expedientes permite su revisión de oficio a posteriori, lo que significa que, una vez que pase el estado excepcional de alarma actual, la administración competente puede pedir la devolución de la prestación por desempleo -en este caso, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)- y exigir las responsabilidades pertinentes en caso de que algunas empresas intenten acreditar un ERTE que no pueda acogerse a la crisis derivada por el coronavirus.