El 'hombre invisible' pasea en un Lexus

El rastro de Alejandro Manuel Dávila Ouviña no es ningún misterio. Sólo hay que pasearse por alguna de las calles de A Pobra do Caramiñal, su pueblo, en la provincia de La Coruña. Allí, sus vecinos lo ven a diario. Incluso en el Ayuntamiento, donde hace aproximadamente un año que no acude a presentar alguno de sus proyectos, pero donde aún mantiene una buena relación con muchos de sus trabajadores y funcionarios.

Una de las vecinas pobrenses decidió llamar a este periódico. Había leído la edición de Diario de Cádiz digital en la que se daba cuenta del requerimiento del Ministerio de Industria para que tres empresas que habían sido administradas por Dávila Ouviña, devolvieran los 14,5 millones que había conseguido en ayudas. Y que ni el Ministerio lo localizaba ni los alcaldes de la zona tampoco. Esta vecina de A Pobra mostraba su asombro: "Yo lo veo todos los días, por la calle, en un Toyota Lexus, aunque antes tuvo un Mercedes todoterreno, y antes un Audi. Es una vergüenza", sentenciaba esta pobrense.

Antes que nada, hay que dejar claro que a Dávila Ouviña no se le acusa de ningún delito. Tan sólo de no ser localizado. Por eso, para sus paisanos, resulta increíble que se le considere en Cádiz, poco menos, como a un hombre invisible.

Este periódico también contactó con uno de los responsables técnicos del Ayuntamiento de A Pobra, a donde Dávila Ouviña acudía periódicamente a presentar numerosos proyectos y a solicitar subvenciones. Este trabajador municipal aseguró que "de este Ayuntamiento no se llevó nunca ninguna subvención, aunque las pidió". Presentaba proyectos, incluso solicitó una Escuela Taller, pero nunca se pusieron en marcha, "salvo uno o dos". Uno de los que arrancó fue el de una empresa, Ecofloat, para colocar una boya de medición de la calidad de las aguas de la zona.

Casualmente, es el mismo proyecto, la misma idea, que ha montado en El Puerto con la empresa Soluciones Tecnológicas Ambientales, cuyos trabajadores denunciaron que no habían cobrado. Este negocio mantiene aún instalada una boya en Puerto Sherry, para la medición de la calidad de las aguas. Y esa empresa es, precisamente, una de las que debe devolver las ayudas.

Desde el Ayuntamiento pobrense relatan además que muchos de sus funcionarios ven a diario a este empresario, "e incluso una vez domicilió uno de sus negocios en una calle de este municipio, y cuando fuimos a verlo era un callejón en el que no había nada", expresaron.

Pero Alejandro Manuel Dávila Ouviña no aparece por esa administración hace algo más de un año, casualmente justo cuando comienza su actividad en la provincia de Cádiz. De todas formas, no es el único hombre invisible. Nada se sabe del que, realmente, es administrador único de varias de las empresas ubicadas en Cádiz, Agustín Bobo (o Boo) de Vega. En el Ayuntamiento pobrense certifican que en el censo de este municipio no consta, pese a ser un apellido muy habitual en la zona. Sí mantuvo una gestoría en Zamora, donde un juzgado lo declaró insolvente el pasado año.

Este asunto ha salpicado también a Alcalá de los Gazules, donde Dávila Ouviña llegó para instalar varios negocios. Uno de ellos, a través de la empresa Tecmargal, para urbanizar el polígono de La Palmosilla II. Hace unos días, el actual alcalde, Julio Toscano (PP), denunció su paralización y acusó al anterior equipo de gobierno y a los responsables de Bahía Competitiva de haber "vendido a bombo y platillo" estas iniciativas.

Ayer, el anterior alcalde, Arsenio Cordero (PSOE), quiso responderle: "Desde que llegaron, estos señores han dado muestras de total seriedad, compraron el terreno por más de cuatro millones de euros a la EPSA, se han gastado unos 700.000 euros en los movimientos de tierra, y siempre han cumplido. Está claro que yo no soy adivino, no sabía que se iban a marchar, pero Julio Toscano tampoco lo es: él aprobó con su voto el proyecto de estos señores en un pleno el pasado 27 de enero de este mismo año, y lo aplaudió".

Ayer mismo, el PP provincial se sumaba a las críticas y, a través de su secretaria general en Cádiz, Teresa Ruiz-Sillero, reclamaba la comparecencia urgente del consejero de Innovación, Antonio Ávila, y del gerente de Bahía Competitiva, "por el desastre de ese plan y para que expliquen el descontrol en la concesión de ayudas para la reindustrialización".