La sede de la Tesorería General de Cádiz, ubicada en la avenida Amílcar Barca de la capital gaditana, amaneció rodeada de agentes de la Policía Nacional la mañana del 6 de septiembre de 2016. Miembros de  la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se desplegaron en las oficinas del edificio tras tener conocimiento, previa investigación, de un entramado dedicado al amaño de subastas públicas de la Seguridad Social. Entre los detenidos se encontraba el Jefe de la Unidad de Subastas de la Dirección Provincial de Cádiz, otro funcionario público del organismo, un subastero de Chiclana y un trabajador de la empresa que se encargaba del almacenaje y custodia de los bienes embargados. Este mes de octubre, más de seis años después de que se destapase el escándalo, estos y otros cinco implicados se sientan en el banquillo de la Audiencia de Cádiz acusados de numerosos delitos: alteración de los precios en subastas públicas, cohecho, actividades prohibidas a los funcionarios, aprovechamiento de información privilegiada, prevariación y violación de informaciones o secretos, entre otros. De todos los procesados, los que se enfrentan a una petición de cárcel más elevada son J.M., el que fue Jefe de Subastas, y J.C., el subastero de Chiclana. La Fiscalía solicita para ambos 21 años de cárcel y multa. Para el primero pide, además, la privación definitiva del empleo de funcionario de la Seguridad Social. Ambos estuvieron privados de libertad provisionalmente desde el 6 de septiembre de 2016 hasta el 5 de marzo de 2017.

Según exponen las conclusiones provisionales del fiscal, "desde, al menos, mediados de 2010 y más intensamente en 2016", J.M., Jefe de Sección de la Unidad de Subastas de la Subdirección de Recaudación en Vía Ejecutiva de la Dirección Provincial en Cádiz de la Tesorería General de la Seguridad Social, se concertó con dos licitadores, J.C. y L.F., ambos encausados, para "afectar al sistema de funcionamiento de la Administración, corromper el procedimiento de adjudicación de bienes así como los precios de subasta y exigir el pago de comisiones ilegales" por ello.

Lo habitual, prosigue la acusación pública, fue que J.M. les transmitiera información no disponible de la que solamente era conocedor por razón de su empleo, como la inexistencia de sobres cerrados hasta el día anterior a la celebración de la subasta para que pujaran por la cantidad mínima reglamentada y adjudicarles el bien.

Diferentes "corruptelas"

En los casos en que existieron plicas, las abrió infringiendo el secreto, volvió a cerrarlas para no delatarse e informó de la postura mayor para que requintaran los acusados.

Otro de los procedimientos de JM, continúa el fiscal, consistía en apartar a los eventuales licitadores cuando ya había acordado un pago por su corruptela por un bien que se hacía almoneda.

En otras ocasiones, informó al funcionario J.D. -también encausado- de la existencia de plicas, bienes afectados, número, características e identidades de postores de los licitadores. El fiscal detalla que J.D., personal laboral contratado por la Dirección Provincial de la Tesorería para la prestación de servicios auxiliares en Cádiz, era "el encargado de controlar el registro de entradas", lo que aprovechó para proporcionar igualmente información, alterar el precio de las subastas y beneficiarse económicamente.

"Como consecuencia de la actividad ilícita de todos los acusados, se causó grave daño a la causa pública, no sólo por los perjuicios económicos, sino porque que era conocido por otros licitadores la corrupción existente, lo que provocaba su retraimiento en las pujas, su suspicacia en el resultado y frustración cuando concurrían los acusados", exponen las conclusiones provisionales, que recuerdan que este caso surgió a partir de la denuncia policial interpuesta el 16 de octubre de 2015 por dos personas que sospechaban de la corrupción de las subastas en Cádiz.

La Fiscalía sostiene que la alteración de los precios en las subastas, el beneficio para los procesados y el perjuicio para la administración se produjo porque "sobrepujaban por los bienes pero, como conocedores de las posturas contenidas en las plicas, sólo lo hacían con cantidades inmediatamente superiores a la mayor de las mejoras, en lugar de por cantidades superiores que aseguraran la adjudicación. El beneficio económico no se comprendía sin esta forma de ahorro de los pujadores que justificaba el pago del soborno. Por eso se remataban las pujas por cuantías que representaban el 25,64% en lugar del 51,04% (en inmuebles) o del 45,80% (en bienes muebles)".

En los casos de inexistencia de licitadores, también se produjeron pérdidas a la TGSS, ya que la revelación de este dato confidencial y la seguridad del remate de los lotes "hacía que las posturas no rebasaran el 25%". Los licitadores acusados estaban dispuestos a pagar una dádiva para obtener el remate, que cuanto menos debería sumarse al precio de la postura. Eran un mecanismo de ahorro en la adquisición de los acusados que justificaba el pago del cohecho", asegura la acusación pública.

Más procesados

Además del que fue Jefe de Subastas en Cádiz, se sentará en el banquillo otro funcionario, J.D., quien se valió de su presencia en la Tesorería "para informarse, alterar el precio de remate y lucrarse" con las subastas, según la Fiscalía, que pide para él ocho años de prisión. 

La acusación pública plantea otra pena de ocho años de cárcel para F.H., personal de una empresa contratada por la Dirección Provincial de Cádiz de la Tesorería General de la Seguridad Social para el desmontaje, traslado y depósito por convenio de bienes muebles embargados por las Unidades de Recaudación. Así, los custodiaba en una nave de la pedanía de El Torno, en Jerez, o en otra del polígono Pelatagos, en Chiclana. Según la Fiscalía, F.H. comerciaba con la información obtenida en su trabajo, mostraba los vehículos depositados fuera de los días establecidos por la Tesorería, informaba a los posibles postores del número de personas interesadas y de las cuantías de la mejora que debían realizar, entre otros aspectos. Todo ello "con la finalidad de alterar las subastas y obtener dinero", concluye.

El juicio a los siete encausados tendrá lugar en la sala de vistas de la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz los días 24, 26 y 27 de octubre. La Tesorería General de la Seguridad Social ejerce la acusación particular como parte perjudicada.