El ex regidor de Chipiona por el Partido Popular, Antonio Peña, acudirá a juicio los próximos días 24 y 25 de septiembre acusado de formalizar contratos ilegales entre los años 2012 y 2013, cuando aún ostentaba el cargo de alcalde en este municipio de la Costa Noroeste.

La Fiscalía Anticorrupción lo procesa por un delito continuado de prevaricación y solicita para él la pena de doce años de inhabilitación para cualquier puesto de naturaleza electiva que implique participación en un gobierno municipal, autonómico, estatal o europeo.

Médico de profesión, es la segunda vez que Antonio Peña se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Cádiz. La primera vez lo hizo en 2016 a raíz del conocido como caso Uniformes, en el que se juzgó las contrataciones ilegales de vestuario laboral que suscribió el Ayuntamiento de Rota con empresas privadas propiedad del entonces alcalde de la localidad por Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez. (Peña fue delegado de Servicios Sociales en el Consistorio roteño antes que regidor chipionero). En esta causa, Antonio Peña quedó absuelto, primero por la Audiencia y después por el Tribunal Supremo.

Antonio Peña fue elegido alcalde en las elecciones municipales de 2011 y reelegido en las celebradas en el año 2015. En octubre de 2016, sin embargo, renunció a su puesto como primera autoridad municipal después de recibir una orden judicial que le obligaba a ejecutar el derribo de 30 viviendas ilegales de Chipiona.

“Me encuentro en un callejón sin salida: o derribo las 30 viviendas con orden de demolición o tengo que enfrentarme a la Justicia por desobediencia y desacato”, dijo en la rueda de prensa que ofreció en su día para hacer pública su dimisión. El ex regidor chipionero habló de una cuestión “moral” más que “legal”:“Es muy difícil que alguien se pueda acostar tranquilo pensando que ha demolido la vivienda de una familia”.

Este caso se inició a partir de la denuncia que presentó un miembro del PSOE local

Apartado desde entonces de la vida política, Antonio Peña regresa este mes al banquillo de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz. Según la Fiscalía Anticorrupción, el ex alcalde chipionero, en calidad de presidente de la Sociedad Municipal Caepionis, S.L., “realizó contrataciones de personal laboral eventual en dicha sociedad prescindiendo del preceptivo procedimiento de selección y sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad” entre los años 2012 y 2013.

Tal y como señala el fiscal en sus conclusiones provisionales, en dichas contrataciones también participó como cooperador necesario Rafael Naval Jurado, vicepresidente de Caepionis a la fecha de los hechos. El fiscal lo acusa –al igual que a Peña– de un delito de prevaricación y solicita también para él doce años de inhabilitación para cargo electo.

La contratación de personal laboral por parte de las corporaciones locales y las sociedad municipales durante los años 2013 y 2013 se encontraba restringida a “supuestos excepcionales” y, en todo caso, sometida a las leyes vigentes, detalla la acusación pública en su escrito de calificación.

Las partes implicadas en este caso intentaron llegar a un acuerdo sin éxito

También precisa que fueron seis los contratos propuestos y formalizados de manera ilegal por Antonio Peña y Rafael Naval en calidad de consejero delegado y vicepresidente de Caepionis, respectivamente.

Esos contratos se suscribieron en concepto de: peón polivalente para la limpieza y el mantenimiento de los parkings al aire libre, peón para la reparación de estructuras metálicas del vivero municipal, peón de pintura, auxiliar administrativo, encargado del parking de la Plaza de las Canteras y el parking Paseo de la Cruz del Mar y técnico de mantenimiento de la zona azul.

Este caso se inició a partir de la denuncia que presentó un miembro del PSOE local de Chipiona contra el popular Antonio Peña.

Es la segunda vez que se intenta juzgar ese asunto en la Audiencia Provincial de Cádiz. Ya en la primavera pasada las partes implicadas –con sus respectivos abogados– se dieron cita en la Sección Cuarta para intentar llegar a un acuerdo, lo que no fue posible.