El espejismo de los molinos en el mar

"La eólica marina es el último término. Ya no es nuestra preocupación y está claro que tampoco es la preocupación del Ministerio de Industria", sentenció Rafael Valenzuela, director general de Capital Energy, en la mesa redonda sobre energías renovables organizada hace unos días en Vejer. Asintieron los participantes. Eran empresarios y expertos de primer nivel. Todos coinciden en que el desarrollo del sector ha quedado postergado sine die en España después de una década de debate y de expectativas incumplidas. La eólica marina se diluye antes de su puesta en marcha sin el apoyo del Gobierno, sin el consenso social oportuno para su desarrollo y ante el rotundo aburrimiento de los promotores.

El presidente de la patronal Aprean -Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables-, Mariano Barroso, aconseja directamente a las empresas que abandonen el debate estéril de los parques off-shore [en el mar]. Sostiene que "no es su momento", y vaticina que no lo será -si llega a serlo- hasta dentro "de cinco años o más". 2012, 2016, 2020... El horizonte para la inmersión de las eólicas es cada vez más lejano y todas las explicaciones apuntan como primera causa la débil apuesta del Gobierno por esta energía verde.

Pese a que los primeros proyectos de off-shore en las costas de la Península se presentaron a finales de los noventa, España sigue sin contar hoy con un marco jurídico para el sector. "Simplemente no existe normativa", asevera Alberto Yarte, delegado de Iberdrola en Andalucía. Los pasos que se han dado hacia la regulación han sido tan escasos como lentos.

En 2007, la Administración aprobó un Real Decreto (1028/2007) que enumeró los procesos administrativos que tienen que superar los proyectos de complejos eólicos en el mar. El documento estaba acompañado de la Evaluación Ambiental Estratégica del Litoral para la instalación de parques marinos, que, entre otras condiciones, descartó los aerogeneradores a menos de 8 kilómetros de distancia de la costa y clasificó las zonas no aptas, aptas, y aptas pero con condicionantes para la explotación del recurso eólico.

Sobre el papel, hay un camino trazado, pero sólo sobre el papel. La realidad evidencia la paralización del sector. Tras la Evaluación Ambiental, Industria ha recibido una treintena de propuestas de empresas, a las que debe asignar espacios en la costa para que estudien las condiciones del recurso y profundicen en el conocimiento del entorno. Esta concurrencia ya debería estar resuelta, pero los plazos se han vuelto a rebasar.

Fuentes de una de las empresas que participan en el concurso resumen la situación: "Llevamos a Madrid nuestro proyecto en un carro de mano hace muchos meses, imagine cuántos miles de folios... Desde entonces, no hemos recibido ningún tipo de señal por parte del Ministerio". Hay planes, como el de Acciona en aguas de Trafalgar, que están en el cajón del Gobierno desde mediados de la década, mucho antes de los primeros movimientos reguladores.

Cuando se resuelva la asignación de "parcelas" marinas, cada compañía tendrá un plazo de dos años para estudiar a fondo las características del viento en cada zona y determinar la viabilidad de su plan, decidir si hay negocio. Después, hay otro plazo establecido de dos años para completar la decisiva evaluación ambiental del parque y lograr otras autorizaciones administrativas, como la concesión de Dominio Público Marítimo Terrestre. Para finalizar el periplo, las empresas tendrán que dedicar otros dos años a la construcción de cada parque eólico marino, proyectos de compleja ingeniería.

Ésta es la hoja de ruta marcada por el Gobierno, seis años de peaje mínimo. La esbozó hace justo un año el jefe del área de producción especial del Ministerio de Industria, Santiago Caravantes, en unas jornadas temáticas en Madrid. Pero los plazos, tras años de incumplimientos, carecen de crédito.

En las mismas jornadas, el ya ex secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín Fragueiro, subrayó ante los principales agentes del sector que la energía off-shore es una "prioridad en la agenda política del Gobierno", además de una necesidad para alcanzar el objetivo del 20-20 (el 20% del total de la generación energética de 2020, basada en renovables). De nuevo, son palabras que se ha llevado el viento, con la crisis económica arreciando y un problema de envergadura añadido: el sector de las renovables está completamente paralizado a la espera de que se reajuste el sistema de primas -la nueva regulación, que también se retrasa, rebajará los incentivos a las eólicas un 35% hasta 2013-.

Industria, dedicada a otros afanes, ha aparcado la eólica marina, una tecnología que arrastra como problema añadido la falta de consenso social para su instalación. "La energía off-shore se ha explicado mal y se ha entendido mal. La situación se ha llevado a un debate irracional, en el que muchas veces se impone la manipulación sobre cualquier razonamiento", lamenta Mariano Barroso.

Hay ejemplos de movimientos de oposición a los aerogeneradores off-shore en La Janda -la plataforma Por la defensa del Mar de Trafalgar- y, más reciente, en Chipiona -Por un horizonte sin molinos-. Alberto Yarte, de Iberdrola, está convencido de que "son proyectos que tendrán que implicar a los diferentes agentes sociales, a municipios, empresas y administraciones", y vaticina que "si hay controversia, será difícil afrontar cualquier desarrollo". El presidente de la patronal, no obstante, cree que no está todo dicho y recuerda el caso de la conexión eléctrica entre Tarifa y África de 1998: "El cable de Tarifa iba a acabar con la pesca. Es lo que transmitieron algunos colectivos a la población. Ahora hay dos cables y va a haber otros dos, y seguimos comiendo magníficos pescados en la costa..."

Comparte el análisis sobre el bloqueo que sufre el sector Juan Manuel Barragán, catedrático de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz. El profesor sostiene que que cualquier decisión de la Administración sobre eólica marina es "conflictiva", pero añade que el paso de los años y la indecisión mostrada hasta ahora no hacen sino "consolidar" a los grupos opositores. "La Administración es cautelosa, tiene que serlo, pero el exceso de cautela, el no dar pasos decididos, lo único que hará es que lleguemos tarde. ¿Nos interesa o no nos interesa el sector? Hay que preguntárselo y después habrá que atenerse a las consecuencias".

La respuesta del Gobierno es una incierta huida hacia adelante. El futuro de esta energía en España, según apunta ya públicamente Industria, está en las plataformas flotantes, ingenios que no requieren cimentación en el fondo. La solución permitiría salvar el problema del escaso tamaño de la plataforma continental en la Península, factor que hace que sus costas sean muy profundas y dificulta la explotación off-shore. Si los molinos flotasen, podrían ubicarse en emplazamientos alejados del litoral y reducir al mínimo los impactos en las poblaciones.

La solución sería perfecta salvo por un handicap: la tecnología flotante es todavía una promesa tecnológica, incipiente y extraordinariamente cara (el primer prototipo instalado por Statoil en Noruega costó 45 millones, nueve veces más que la inversión óptima estimada para una turbina marina de su misma potencia). Expertos sostienen que pasará al menos un decenio para que se generalice la explotación comercial de los aerogeneradores flotantes.

Con los pies en la tierra -y con anclajes en el fondo marino- trabajan países como Reino Unido (882 megavatios instalados), Dinamarca (639), Holanda (246), Suecia (163), Alemania (42), Irlanda (26) y Finlandia (24). Las empresas españolas se posicionan en la cadena de valor del off-shore en el norte de Europa. Es el caso de Iberdrola. "El que no tiene un pie fuera del país, lo está poniendo ahora", observa el presidente de Aprean. Europa suma ya 2.000 megavatios de potencia instalada y aspira a alcanzar los 40.000 en 2020. Qué hará España con su cupo previsto de 3.000 megavatios es, hasta ahora, una incógnita.