De 'enemigos' a aliados por necesidad

Los bancos, respaldados por las instituciones financieras, han pasado de ser la máquina económica que echaba humo y alimentaba el crecimiento urbanístico a convertirse en el gran problema del sector. Las tasaciones que antes salían, sí o sí, son ahora el trámite imposible en las operaciones, ya no sólo porque las exigencias de cobertura hayan aumentado, sino porque las entidades se han blindado con requisitos imposibles en la negociación de las hipotecas. De cómplices pasaron a enemigas y ahora a socias de las inmobiliarias.

Primero frenaron o, incluso, paralizaron el acceso y ahora, los bancos y cajas se han convertido en competencia y en un agente muy a tener en cuenta en el sector. Su creciente stock de promociones y pisos, procedentes de adjudicaciones de promotores insolventes o propietarios embargados, ha obligado a las entidades financieras a sacar a la venta este nuevo, e incómodo, patrimonio. Sólo en los seis primeros meses de este año, los juzgados de la provincia han registrado 1.161 ejecuciones hipotecarias. De mantenerse este ritmo, el volumen de intervenciones superará las 2.000, muy por encima de las ya numerosas 1.500 practicadas el ejercicio pasado. "Primero fueron las daciones pero a partir de ahora es cuando los juzgados empezarán a vomitar pisos embargados que saldrán a precios más bajos", analiza el gerente de Hispania en la provincia, Ramón Rodríguez de Trujillo.

Los bancos no las quieren ni en pintura por muchas razones: eleva la ya indeseable participación en el negocio inmobiliario; obliga a hacer provisiones (reserva de fondos para hacer frente a la morosidad) y éstas, además, se deben duplicar ahora por orden del Banco de España del 10% al 20% del valor de tasación del bien; y supone un riesgo por el peligro de devaluación de los inmuebles, entre otros factores.

La distorsión que esta nueva oferta ha generado en el mercado ha sido tanto en términos de precios como organización del sector. Las entidades anuncian descuentos del 30% y el 40% y ofrecen préstamos preferentes, lo que significa que el acceso al crédito es a priori más sencillo si la operación se realiza sobre una vivienda propiedad del banco. Sin embargo, fuentes del sector inmobiliario advierten que estas rebajas tienen que se controladas porque afectarían al propio valor del patrimonio financiero y porque puede ser una amenaza para aquellas personas o empresas en dificultades que, ante una depreciación de su piso o bloque de oficinas, no puedan hacer frente a la deuda ni siquiera entregando su propiedad.

Tampoco se han salvado las VPO. De las 4.165 viviendas de protección oficial contempladas en el Plan de la Junta 2008-2012, más de la mitad (2.741) no han obtenido un préstamo cualificado, según los datos facilitados por la Delegación Provincial de Vivienda. Además, una de las 51 promociones iniciadas en la provincia, con 64 viviendas, ha acusado los problemas financieros del promotor. La solución para dar salida a este parque público es la transformación de la oferta de venta a alquiler. Hasta ahora 209 pisos corrrespondientes a seis promociones han pasado este trámite y, con ello, han encontrado un hueco en el mercado.