Provincia de Cádiz

La Diputación de Cádiz también pide mejoras en la Atención Primaria

  • El pleno provincial de enero se centra en las mociones de los grupos y acuerda instar a la Junta de Andalucía mejoras en la sanidad pública y en las valoraciones discapacidad, que una espera actual de 13 meses

Imagen de archivo del pleno de la Diputación de Cádiz, que este miércoles fue telemático.

Imagen de archivo del pleno de la Diputación de Cádiz, que este miércoles fue telemático. / Lourdes de Vicente

La Diputación de Cádiz ha celebrado un pleno de enero de forma telemática centrado en el debate político y con un solo punto de gestión: la incorporación de la institución a la asociación de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez.

Los grupos pusieron sobre la mesa numerosos temas para pedir a otros, pero si se instó a alguna administración con insistencia, al menos los puntos que salieron adelante, fue a la Junta de Andalucía. Después de que la semana pasada se creara la plataforma por la sanidad pública en la provincia, la situación de la atención primaria llegaba al pleno provincial con dos mociones. “Es imposible conseguir una cita y para operaciones de especialidades están dando fechas para 2023. La pandemia no lo justifica todo”, aseguró el diputado David de la Encina (PSOE) en la defensa de su moción, que se unió a otra presentada por Axsí.

Los socialistas, con el apoyo de la mayoría, han pedido un plan de choque permita reducir las listas de espera y garantice la atención presencial en los centros de atención primaria, instando a contratar más sanitarios, así como más medios para cubrir bajas de personal y mejoras en las condiciones laborales de la plantilla. Miguel Molina (Axsí) se ha referido en la suya al incremento paulatino en la sanidad pública hasta alcanzar el 10% del PIB en 2023 o adecuar el número de camas por cada 1.000 habitantes, entre otras.

“Todo es mejorable, pero se está invirtiendo más que nunca y contratando más que nunca”, insistieron en su respuesta desde los partidos presentes en el gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, a través de su diputados provinciales.

La unanimidad total sí llegó para pedir más agilidad en las resoluciones de reconocimiento de grados de discapacidad en la provincia de Cádiz. 13 meses se tarda para la valoración presencial, tal y como apuntó Estefanía Brazo (Cs) en la contestación a la moción presentada por IU. Se ha reducido cuatro meses, ya que llegó a 17 en la pandemia, y se está realizando un plan de choque, apuntó. Carmen Álvarez (IU) insistió en la necesidad de más personal para los centros de valoración, “más garantías de la administración para vivir dignamente”.

Pero, no sólo la Junta de Andalucía recibió críticas o apoyos, según quién, en esta sesión plenaria. La polémica por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, se coló también. El PP no tuvo éxito en la suya, pidiendo la reprobación y dimisión de ministro “que ha ido contra el sector ganadero” -señaló José Loaiza- pero sí la de IU contra las macrogranjas y la defensa de la ganadería extensiva, “social, familiar y sostenible”.

Adelante Cádiz intentó por su parte apoyo para instar al Gobierno a una “verdadera reforma del marco laboral”, y no la reforma “chiquita”, dijo José María González Kichi, que “no es suficiente”. “Serán a ustedes del PSOE y a Unidas Podemos a quienes los ciudadanos les pidan responsabilidades porque prometieron otra cosa”, sentenció.

Apoyo a las limpiadoras

En las postrimerías del Pleno se suscitó una pregunta sobre la situación de la plantilla de la empresa que tiene adjudicada la limpieza del Palacio Provincial y del Edificio Roma, ambos sedes de Diputación. La presidenta Irene García y el responsable del área de Servicios Económicos, Juan Carlos Ruiz Boix, explicaron la situación actual: Diputación ya ha iniciado los trámites para resolver el contrato con la empresa adjudicataria (Bilur) y, en cuanto la administración concursal lo determine, procederá a contratar el servicio a otra sociedad a través de un procedimiento de emergencia.

 La comunicación con la administración concursal es eficaz y, de hecho, la plantilla pudo percibir el 58 por ciento de sus nóminas de diciembre. Irene García y Juan Carlos Ruiz Boix han lamentado la situación del personal de limpieza y se comprometen a buscar una solución cuanto antes, desde el respeto al procedimiento legal establecido en los casos de empresas incursas en concurso de acreedores.

Otras mociones aprobadas

El Grupo Popular consiguió la aceptación mayoritaria del Pleno en relación a la demanda de mejoras de la CA-9209 que discurre en paralelo a la A7 y que comunica los municipios de Algeciras y Los Barrios. El portavoz del PP en este punto, Javier Ros, recordó la necesidad de incorporar un carril bici junto a esta vía. El responsable del área de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Pizarro, aclaró que las obras de mejora de la calzada están previstas y asumidas –con una dotación de 95.000 euros ya reservada en el plan de carreteras-, mientras que la implantación del carril bici requerirá el desarrollo de estudios previos y la comprobación de la disponibilidad de los terrenos.

Andalucía por Sí obtuvo el respaldo unánime a su moción sobre la pasarela proyectada sobre el río Barbate. Reclama a la Junta la materialización efectiva de dicho proyecto que permitiría un enlace peatonal y ciclista entre el núcleo urbano barbateño y la isla San Paulino. 

El mismo resultado, la unanimidad, cosechó una propuesta de Ciudadanos diseñada para solicitar al Gobierno de España y a la sociedad pública Adif la instalación de ferrolineras en la provincia de Cádiz. Dichas estaciones, ubicadas junto a la red ferroviaria, permiten la recarga de vehículos eléctricos. A la iniciativa original, defendida por Estefanía Brazo, se le suma una enmienda planteada por el PSOE, a través de Juan Carlos Ruiz Boix, por la que se implica a la Junta de Andalucía en esta pretensión.

Ciudadanos logró la adhesión del Pleno en otra propuesta dirigida al Gobierno de España: la inclusión de la provincia de Cádiz como destinataria de uno de los planes de actuación bienal previstos en el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, de manera que se establezcan recursos para reducir los factores que dañan la salud y que en la provincia gaditana se revelan en unas cifras sobre cáncer de pulmón por encima de los promedios regional y estatal.

El Pleno ha secundado, por mayoría, la propuesta socialista que insta a la Junta a precisar las normas de ejecución y justificación de los fondos Next Generation asignados a diferentes políticas y servicios sociales. Tal como ha explicado David de la Encina, el Gobierno estatal ha transferido 450 millones de euros a la administración autonómica andaluza; de ese montante, 125 millones se debían ejecutar en el año 2021 mientras que para el año 2022 se reservan 154 millones. La ausencia de comunicación al respecto ocasiona, según considera De la Encina, un evidente trastorno a las entidades locales destinatarias de esta financiación.

Los requerimientos a la Junta llegaron además desde el ámbito de la formación e intermediación de cara a la obtención de un empleo. En concreto el PSOE ha logrado que el Pleno respalde una moción por la que solicita una convocatoria extraordinaria del programa Andalucía Orienta, con la que se pueda compensar la reducción de personal técnico que ha lastrado este servicio público y que ha precipitado el cierre de más de una quincena de unidades en la provincia de Cádiz. En Andalucía la reducción de personal se cifra en 340 efectivos, de los que 53 estaban radicados en municipios gaditanos según precisó la diputada Ana Carrera.

El Pleno también secundó una propuesta de Adelante Cádiz por la que se insta al Gobierno de España a declarar la salida del Tratado de la Carta de la Energía. El tratado aludido, según expuso Lorena Garrón, se ha caracterizado en la práctica por la ausencia de resultados y por terribles impactos económicos y regulatorios para España a tenor de las demandas que han beneficiado a grandes compañías energéticas.

Ante la cercanía del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero), la presidenta de Diputación, Irene García, leyó un manifiesto de la Asociación Española contra el Cáncer asumido por todos los grupos de la Corporación Provincial

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