La defensa de Casto no quiere jurado y la de Carretero se apunta al cambio

Los abogados de los procesados de la Operación Karlos tienen en principio distintas posiciones ante la posibilidad, apuntada por la Audiencia, de que la causa regrese al Juzgado de Instrucción para ser tramitada por la Ley del Jurado. Algunos letrados no han querido pronunciarse aún pero otros ya lo tienen bastante claro. El abogado de Carlos Carretero, Alfredo Velloso, es partidario de que el caso lo juzgue un jurado. En cambio, su colega Felipe Meléndez, abogado de Francisco Casto Pérez Lara, considera que debe ser un tribunal de tres magistrados, como está previsto ahora, el que juzgue a los acusados.

Carlos Carretero y Casto Lara son los principales procesados de un caso que sentará en el banquillo a 30 personas. Todas ellas han sido implicadas, con distintos papeles, en la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral. Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique, y Casto, inspector médico, aparecen al frente de la trama que dibuja el escrito de acusación del fiscal, que solicita para cada uno de ellos 10 años de prisión por los delitos de falsedad, estafa y cohecho.

El caso es de 2006. La Guardia Civil investigaba un asunto de fraude a Hacienda con facturas falsas en el que aparecía implicado carretero y en las escuchas telefónicas surgieron indicios de que el ex policía, en colaboración con un inspector médico y con varios médicos, se dedicaba a conseguir pensiones de incapacidad laboral para personas que pagaban por ello distintas cantidades de dinero. Entre los clientes de la supuesta trama apareció entonces un nombre famoso: María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique. Campanario, procesada en este asunto, intentaba conseguir una pensión para su madre, según indica el fiscal, que solicita para ella cuatro años y medio de prisión.

Finalizada la investigación de la Operación Karlos, el asunto pasó de un Juzgado de Jerez a uno de Cádiz y comenzó a tramitarse como un procedimiento normal pese a que entre los delitos imputados a algunos implicados estaba el cohecho (soborno), uno de los que se reserva la Ley del Jurado.

Hasta ahora se han dado soluciones diversas y contradictorias a los casos en los que coinciden dos o más delitos y alguno es competencia del jurado y otros no. Hay una teoría sobre el modo de decidir, pero la práctica ha dictado que un homicidio con robo, por ejemplo, ha sido juzgado en ocasiones con jurado y en otras por un tribunal de tres magistrados.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha venido a intentar poner orden en ese desbarajuste. La resolución, que ordenó repetir con jurado un caso de asesinato, agresión sexual y otros delitos que fue juzgado por tres magistrados, viene a decir que en esos casos (coincidencia de delitos de jurado y otros delitos) siempre debe actuar un jurado si esos delitos están relacionados. Esto es, que pone por delante al jurado cuando uno de los delitos es competencia de esa modalidad de tribunal.

La Sección Tercera de la Audiencia ha tenido en cuenta ese criterio y ahora, cuando se disponía a señalar el juicio de la Operación Karlos, ha examinado el asunto (si el caso es o no competencia del jurado) y todo indica que ha llegado a la conclusión de que así es. No obstante, antes de adoptar una decisión ha optado pedir su opinión a las defensas y al fiscal. Les ha dado un plazo de diez días para responder. Al cabo, un auto enviará previsiblemente la Operación Karlos de vuelta al Juzgado de Instrucción o bien alguna parte discrepará y tenga que intervenir el Tribuna Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En cualquiera de los casos, la Operación Karlos seguirá sumando meses en su largo camino hacia el juicio. Hace unas semanas, parecía que la vista oral iba a poder celebrarse en los primeros meses de 2010. Ahora ya no hay modo de aventurar una fecha y ni siquiera es seguro que sea el año que viene cuando los procesados acudan a la Audiencia Provincial para sentarse en el banquillo.