Casi 177.000 gaditanos están recibiendo una prestación por desempleo, lo que supone un máximo histórico a causa de la epidemia de coronavirus, y la factura total en abril ha ascendido a 140,5 millones de euros, duplicando el desembolso del mes de marzo, que ascendió a 65 millones de euros. Así se desprende de los datos divulgados este jueves por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz relativos al trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Según el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, estas cifras muestran "un esfuerzo sin precedentes por ofrecer una cobertura a quienes se han visto más afectados por esta crisis, lo que demuestra, el elevado volumen de personas con alguna prestación del sistema SEPE en nuestra provincia, al tiempo que se mantiene la actividad de la empresa y se protege el tejido productivo”.

Es la primera vez que el SEPE comunica los datos de cobertura a mes vencido, ya que tradicionalmente se publican de forma conjunta con el paro registrado pero con un mes de retraso. En ese sentido, el SEPE ha recibido en el mes de abril un total de 13.063 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de empresas gaditanas, lo que ha permitido dar cobertura a 70.819 trabajadores.

A esta cifra hay que sumar las prestaciones individuales por desempleo, lo que supone que en el mes de abril el Gobierno de España ha reconocido en Cádiz un total de 91.366 prestaciones, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A día de hoy el número total de personas cubiertas con una prestación en Cádiz, incluidas las reconocidas antes de abril, asciende a 176.975 personas, un 116% más que al cierre de marzo. La factura mensual asciende a 140,5 millones de euros. Y por primera vez en la historia de este Ministerio, las prestaciones se han abonado antes del día 10 de cada mes, fecha habitual de cobro. Gracias a un acuerdo con las entidades bancarias, los afectados por esta situación empezaron a cobrar sus nóminas de marzo y abril los días 3 de abril y 4 de mayo, respectivamente.

Al respecto, el subdelegado ha agradecido el “enorme esfuerzo que están realizando los funcionarios de la Administración del Estado para recepcionar y tramitar todos los expedientes”, un volumen de trabajo que “están asumiendo a través de los sistemas disponibles en la Administración del Estado para su tramitación electrónica y para la que los empleados públicos están trabajando sin descanso”.

José Pacheco ha recordado que desde que el Gobierno de España aprobase el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, “la prioridad absoluta ha sido proteger y dar soporte al tejido productivo y social y así poder minimizar al máximo el impacto de la pandemia”. Se ahí que, además de acelerar la tramitación de los ERTES, “se hayan implantado otras medidas de apoyo al colectivo de autónomos, a las que se sumarán en las próximas semanas los beneficiarios de las nuevas prestaciones para el régimen de hogar y para trabajadores temporales”.

Por otro lado, ha puesto en valor “la urgente respuesta que se ha ofrecido en una situación excepcional con modificaciones normativas que han permitido su uso extendido con seguridad jurídica a escasos días del inicio de la emergencia sanitaria de los ERTE, para salvaguardar el empleo y la actividad económica”.

Respecto a la desescalada, ha destacado la novedad para las empresas que hayan recurrido a un ERTE por fuerza mayor por causa de la COVID-19: “si a partir de este lunes retoman parte de su actividad, podrán sacar del ERTE, incluso a tiempo parcial, al personal que necesiten”. Esta medida responde a una de las principales demandas de la hostelería y el pequeño comercio, ya que la incorporación de golpe de todo el personal era inasumible ante la más que previsible contracción del consumo.

“Esto facilitará, -ha señalado-, la situación a muchos pequeños y medianos empresarios y la incorporación de miles de trabajadores a su puesto de trabajo, lo que revela la capacidad del Gobierno de adaptar la normativa a la nueva situación siempre a través del diálogo social”, ha asegurado José Pacheco.