La Armada ha retomado esta semana la vacunación de sus unidades en la provincia de Cádiz y ha administrado las primeras dosis a unos 1.800 militares de Rota, San Fernando y Cádiz entre el lunes y el miércoles, según han confirmado a este medio. El personal vacunado forman parte de unidades afectadas por operaciones o bien entran dentro de los grupos prioritarios de que contempla la estrategia fijada para el Ministerio de Defensa.

La dotación del buque Castilla, que partió a final de enero a la misión Atalanta, fue la primera en recibir las dos dosis del fármaco en Cádiz y en la Armada. Desde entonces, las directrices contemplan como grupos prioritarios de vacunación, en el ámbito del Ministerio de Defensa, al personal sanitario y a las dotaciones de unidades que participan en operaciones en el extranjero, dentro de la estrategia de vacunación a nivel nacional desarrollada por el Ministerio de Sanidad y que contempla las necesidades particulares de la Armada, tal y como explicó el Almirante de la Flota, Eugenio Díaz del Río. 

El nuevo Alflot considera fundamental ese proceso de vacunación ya que armonizar los cometidos encomendados con la seguridad sanitaria de las dotaciones ha sido lo más complejo durante la pandemia, apuntaba en una entrevista en este medio. "Los barcos son lugares pequeños y se está haciendo un esfuerzo tremendo con cuarentenas y unos importantes protocolos", añadía. 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó la semana pasada en una visita a Sevilla que el personal militar que ha sido vacunado ya son principalmente los sanitarios, los que participan en misiones internacionales, la marinería que se encuentra embarcada y ha ido a países de riesgo, los soldados que han formado parte de campañas logísticas y los que como la Unidad Militar de Emergencias (UME)  han realizado numerosas desinfecciones en instalaciones críticas, como residencias de ancianos, estaciones, aeropuertos o cárceles. Las Fuerzas Armadas pertenecen al grupo de personal esencial que ya se están vacunando al igual que los cuerpos de seguridad del Estado y los profesores y personal de centros educativos.