Condenada una funcionaria de prisiones de El Puerto por colarse en la casa de un compañero y amenazarlo

Un rifirrafe con un compañero de trabajo puede ser algo habitual en cualquier entorno laboral. Incluso puede darse alguna discusión más subida de tono. Pero llevar la disputa fuera de la oficina y que ésta acabe en los tribunales son palabras mayores. Precisamente, esto es lo que ha ocurrido con una funcionaria de prisiones de El Puerto, que ha sido condenada en firme por colarse en la casa de un compañero, coaccionarlo y amenazarlo.

En un principio, estaba previsto que la trabajadora fuese juzgada por un jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz, si bien la mujer evitó la celebración del juicio con tribunal popular al admitir los hechos y pactar penas mínimas un acto de conformidad.

La sentencia, con fecha de 11 de noviembre de 2025, recoge como hechos probados que tanto la procesada como el denunciante eran vecinos. Ambos residían en unifamiliares contiguos dentro del recinto del centro penitenciario Puerto I y II de la localidad de El Puerto de Santa María, donde prestaban sus servicios como funcionarios.

La resolución judicial detalla que el día 17 de septiembre de 2021, sobre las 20:30 horas, la mujer, "con ánimo de atentar contra la intimidad personal y familiar" de su compañero funcionario y sin su consentimiento, abrió la puerta metálica que daba acceso al porche de su vivienda, así como la puerta de entrada de la misma -que no estaba cerrada con llave en ese momento- y se introdujo en el domicilio.

A continuación, prosigue el dictamen judicial, la ahora condenada se dirigió hacia la escalera, momento en el que fue sorprendida por el dueño de la casa, quien de inmediato le exigió que abandonara la vivienda. "La acusada hizo caso omiso a su requerimiento", razón por la que el propietario "se vio obligado a llamar a la Policía, que estaba custodiando el centro penitenciario a escasos metros". Pasados unos minutos, dos agentes se personaron en lugar y encontraron a la procesada en el porche.

Ha quedado probado también que al día siguiente, 18 de septiembre de 2021, sobre las 00:20 horas, el hombre se encontraba en el interior de su domicilio junto a su esposa y su hija cuando su vecina "estacionó su vehículo delante de la puerta metálica de acceso con la intención de impedirle la salida". Acto seguido, la funcionaria comenzó a gritarle "gilipollas de mierda", lo que provocó un estado de ansiedad y temor a toda la familia.

En tales circunstancias, el hombre le pidió a la procesada que retirase el coche. Ella, en las proximidades del chalet, lo volvió a insultar con expresiones tales como "hijo de puta", "eres un mierda, gilipollas", "ahora sí voy a joder" o "esto lo vas a pagar porque yo se lo voy a contar a todos los jefes y a todos los mandos, que conozco a muchos, eh".

Finalmente, el hijo de la procesada apartó el turismo que impedía el paso. No obstante, minutos más tarde la funcionaria volvió a bloquear con su vehículo la puerta de acceso de su vecino, que no pudo salir hasta el día siguiente.

Por estos hechos, la empleada pública ha sido condenada a seis meses de prisión por un delito de allanamiento de morada, una pena de cárcel que ha quedado suspendida durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en ese periodo de tiempo. También ha sido condenada a pagar dos multas de 180 euros cada una como responsable de un delito de coacciones y amenazas leves.

Asimismo, la funcionaria tiene prohibido mantener ningún tipo de comunicación con el denunciante, su esposa e hija durante un año y ocho meses. La sentencia también le impone el pago de las costas procesales sin incluir las de la acusación particular.