Desde el mes de julio de 2007 hasta la fecha, el cierre de Delphi tiene un coste económico que supera los 425 millones de euros. De ellos, la Junta de Andalucía, el Estado y hasta la Unión Europea han sufragado algo más de 305 millones, la mayor parte a cargo de la Administración autonómica.

En julio de 2007, sindicatos y comité de empresa de Delphi en Puerto Real alcanzaron un acuerdo para resolver el ERE planteado por la multinacional americana, mediante un plan de indemnizaciones y la cesión de todos los activos de la planta de Puerto Real libres de carga a la Administración autonómica. Consciente de la negativa repercusión en más de 1.900 empleos directos y del grave efecto en el tejido productivo de la provincia de Cádiz -y, en particular, de la Bahía-, desde hace más de 5 años, la Junta de Andalucía asumió el coste de mantener la formación y la remuneración del colectivo de trabajadores que se vieron afectados por aquella decisión.

Así nació el famoso protocolo de colaboración entre la Junta y los cuatro sindicatos (UGT, CCOO, CGT y USO) suscrito el 4 de septiembre de 2007. La primera medida a la que tuvieron acceso los trabajadores ya entonces despedidos fue la indemnización que abonó la propia Delphi en el momento del cierre: 120 millones de euros a los 1.600 trabajadores de plantilla, a razón de 45 días por año trabajado. A este respecto, hay que recordar que, cada empleado, renunció a una parte de su indemnización (en función de los años trabajados) en beneficio de la futura utilización de aquellos activos para volver a trabajar. La Junta inició entonces uno de los planes formativos más ambiciosos de los puestos en marcha para un colectivo de trabajadores para favorecer su reinserción laboral.

A fecha de hoy, un total de 710 ex trabajadores de Delphi han sido prejubilados. Se calcula que, de media, el gasto en cada uno de ellos ha sido de alrededor de 219.000 euros. En total, la Junta de Andalucía ha abonado 36,65 millones de euros y pagará al menos otros 118,95 millones en los próximos cinco años si, en cada caso, cumplen los requisitos de la novación de la póliza con la aplicación del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis.

Otro apartado han sido las ayudas para Proyectos Personales de Inserción (PPI). En total se han adherido a esta medida 118 ex Delphi que se desvincularon del Plan, tras percibir una ayuda de 45.000 euros, quienes se acogieran antes de febrero de 2011, o bien 30.000 euros quienes lo hicieran después. Esto ha supuesto algo más de 4,4 millones.

Hay que recordar que el Decreto-Ley 4/2012 da cobertura a aquellos trabajadores con Proyectos Personales de Inserción consistente en una cuantía a tanto alzado y por una sola vez, de conformidad con lo establecido en los acuerdos de Delphi.

Además, la Administración autonómica puso en marcha incentivos de 9.000 euros a empresas que hicieran una contratación indefinida de extrabajadores de Delphi. En total hubo 468 personas en esta situación, lo que supone un gasto de 4,2 millones de euros. Distinto es que, como ocurrió en el caso de Gadir Solar, finalmente el proyecto no cuajara y quienes fueron contratados tuvieran que volver al plan de recolocación. También se pusieron en marcha ayudas complementarias para aquellos ex trabajadores que encontrasen empleo en otros sectores distintos a los del metal, y cuyo salario-convenio fuese inferior al del sector de procedencia (se fijó un mínimo a tanto alzado de 6.000 euros).

El apartado estrella del coste que ha supuesto hasta la fecha el cierre de Delphi ha sido el plan de formación. A fecha de septiembre de 2012 se habían impartido 2,8 millones de horas a todo el colectivo (incluyendo cursos iniciales y genéricos; curso de conocimientos transversales sobre el sector industrial; curso sobre competencias específicas del sector industrial; másters de especialización on-line coordinados por la UCA). En total, el coste de esta etapa ha supuesto 64,9 millones de euros (aquí se incluye tanto el coste de las acciones como el mantenimiento de las rentas complementarias para los afectados).

Hay que recordar que, mientras realizaban su formación, los ex Delphi trabajadores han tenido garantizadas ayudas para tener ingresos mensuales de 1,5 veces el salario mínimo (961 euros) y en los cursos de la UCA se les abonaron 150 euros más.

De forma paralela, se creó una oficina para el desarrollo de acciones de información, orientación y asesoramiento a los trabajadores, la conocida como Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS), que ha atendido a un total de 1.870 trabajadores (entre fijos y eventuales de Delphi + trabajadores de la industria auxiliar).

A ello hay que unir que, en julio de 2008, la Comisión Europea aprobó 10,5 millones del Fondo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para acciones orientadas a reinsertar a los trabajadores afectados por el cierre de Delphi. O que en los años 2008 y 2009, Andalucía recibió del Gobierno central un total de 47,5 millones para un Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz, en el que también se incluía el cierre de Delphi. Por último, los Presupuestos Generales del Estado de 2010 consignaron otros 18 millones para dicho Plan de Empleo de la Bahía.

Pese a esta fuerte inversión, quedan alrededor de 500 ex trabajadores de Delphi sin solución.