La juez cierra de nuevo la instrucción de la Operación Pinsapar con 7 imputados

La juez de Ubrique ha dictado un nuevo auto de Procedimiento Abreviado en el caso del desvío del río Guadalete en Grazalema en el que imputa a siete personas. Cierra así de nuevo la instrucción tras haberlo hecho en abril de 2011 con diez imputados en una resolución que fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Cádiz. En dos años, han quedado apeadas del caso tres personas: la alcaldesa de Grazalema, María José Lara, y dos concejales de su partido, el PSOE.

El nuevo auto, que precede al escrito de acusación que ahora debe preparar y presentar la Fiscalía, mantiene como imputado al ex alcalde de Grazalema Antonio Mateos. La juez considera que hay indicios racionales de que Mateos conocía las irregularidades urbanísticas destapadas en la Operación Pinsapar y que "no hizo nada para impedirlas".

Esas irregularidades consistían en que fueron construidas once viviendas en un edificio que obtuvo licencia para siete. La juez explica que Mateos reconoció que tuvo conocimiento del exceso de construcción a posteriori, no en el momento de la concesión de la licencia. Pero afirma la juez que el expediente de la "concesión de las obras" ya se hacía "patente" ese exceso y que, por tanto, hay indicios de que el ex alcalde lo supo antes de lo que ha admitido. Así pues, considera que Mateos pudo haber cometido un delito de prevaricación.

Junto con Antonio Mateos están imputados el ex aparejador municipal de Grazalema Juan Prieto Domínguez, los constructores Cristóbal David Barrera y Daniel David Salguero, los empresarios Raúl Gascón Aparicio y Rafael Torres Sánchez (socios y responsables de Inmocentral) y el arquitecto Sebastián del Canto Bohórquez.

El principal imputado es Juan Prieto. La juez estima que pudo haber cometido varios delitos: cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y contra la ordenación del territorio. El auto señala que hay indicios racionales de que Prieto cobraba comisiones a constructores y a otros profesionales de la construcción por la concesión de licencias o permisos para obras. También de que el arquitecto Sebastián del Canto, en cuyo despacho trabajaba, le abonaba cantidades de dinero por trabajos que no realizaba "a cambio de que acelerase la concesión de licencias o de que hiciese la vista gorda con la aplicación de las normas de planeamiento en lo que pudieran afectar a sus obras".

Hay indicios igualmente, según la juez, de que Prieto participó en la obra sin licencia que desvió de su cauce natural el río Guadalete a su paso por Grazalema, realizada por la empresa Inmocentral, con sede en Getafe. Y los hay también, añade la juez, de que al ex aparejador municipal le hizo obras gratis en su finca el constructor Cristóbal David como pago de una comisión por habérsele adjudicado a la promotora de éste la ejecución de unas viviendas.

El caso que ahora inicia el camino hacia la celebración del juicio arrancó en 2006. Fue entonces cuando surgieron problemas con las obras de una promoción de viviendas que comenzó a cimentarse sobre el cauce primitivo del Guadalete. Hubo una reunión en el Ayuntamiento de la alcaldesa de Grazalema con los constructores y allí el entonces aparejador municipal, Juan Prieto, fue acusado de cobrar comisiones por permitir obras irregulares. María José Lara comunicó lo acontecido en esa reunión a la Fiscalía, que ordenó una investigación. Así comenzó la Operación Pinsapar.

Ecologistas en Acción se personó como acusación particular en el caso. Fue una denuncia de esa organización sobre las obras que desviaban el cauce del Guadalete en el casco urbano de Grazalema lo que provocó la reunión en el Ayuntamiento entre la alcaldesa y los constructores. Ecologistas mostró ayer su "satisfacción" por el final de la instrucción "después de siete largos años".