La alcaldesa de Sanlúcar pide a la oposición apoyar los presupuestos para ampliar la plantilla de la Policía Local

Cada pleno en Sanlúcar es sinónimo de tensión, reproches y crispación. El pasado viernes, se celebró una sesión extraordinaria con la Policía Local en el centro del debate. La falta de efectivos, la organización de los servicios y la seguridad ciudadana fueron el eje de una sesión en la que oposición y gobierno municipal evidenciaron la profunda brecha política que atraviesa el Ayuntamiento.

El pleno, solicitado por el Partido Popular, sirvió para que los principales grupos de la oposición —PP y PSOE— cargaran duramente contra la alcaldesa, Carmen Álvarez (IU), a la que acusan de no dar soluciones reales a la merma de la plantilla policial y de estar poniendo en riesgo la seguridad de la ciudad. Desde el gobierno local, en minoría, la regidora defendió su gestión y trasladó la responsabilidad a la oposición, reclamando su apoyo a los presupuestos municipales como única vía para reforzar el cuerpo policial.

El PP exige dimisiones

Desde el PP, principal partido de la oposición, su presidenta local y portavoz municipal, Carmen Pérez, calificó de “fracaso absoluto” la respuesta de la alcaldesa durante el pleno. Los populares sostienen que la plantilla actual, compuesta por 63 agentes, ya es insuficiente para una ciudad de unos 70.000 habitantes y alertan de que, con las jubilaciones previstas, el número de efectivos podría reducirse a 54 en 2027.

El PP acusa al gobierno de IU de haber agravado un problema heredado, incumpliendo el compromiso de iniciar procesos selectivos en 2025 y sin dar pasos concretos para cubrir las vacantes. Según Pérez, esta situación provoca turnos con escasez de agentes, sobrecarga de trabajo, estrés en la plantilla y una merma directa de la seguridad ciudadana.

La formación popular también denunció que, pese a contar con más de 220.000 euros disponibles para servicios extraordinarios en el presupuesto de 2025, el gobierno municipal decidió prescindir de la Policía Local en eventos multitudinarios y fechas señaladas, como las pasadas fiestas navideñas, para evitar ese gasto. El PP reclamó una oferta de empleo público urgente con al menos 14 plazas, la garantía de patrullas mínimas y la protección de los derechos laborales de los agentes, y llegó a pedir el cese o la dimisión del delegado de Seguridad Ciudadana, Narciso Vital.

El PSOE denuncia una “ciudad sin ley”

El grupo municipal socialista, que rompió el pacto de gobierno con IU hace casi un año, elevó aún más el tono. En su intervención, el PSOE describió la situación como la de “una ciudad sin ley”, denunciando la ausencia reiterada de Policía Local en eventos públicos, fiestas, actividades deportivas y culturales.

Los socialistas acusan a Carmen Álvarez de incumplir su obligación como jefa de la Policía Local y de seguir una estrategia de confrontación que, a su juicio, enfrenta a los agentes con la ciudadanía y debilita su autoridad. El portavoz socialista, Víctor Mora, criticó que se esté señalando públicamente a la Policía Local y responsabilizándola de decisiones que corresponden exclusivamente al equipo de gobierno.

El PSOE también alertó de prácticas que consideran irregulares, como instar a asociaciones, hermandades o colectivos a declarar determinados actos como manifestaciones para forzar la intervención de la Policía Nacional, o la ruptura de la tradicional coordinación entre ambos cuerpos policiales. Además, rechazaron el argumento del ahorro económico, asegurando que el gasto en gratificaciones y productividades ha aumentado y que se están generando agravios entre trabajadores municipales.

IU defiende su gestión y pide apoyo a los presupuestos

Desde el gobierno local, Carmen Álvarez respondió a las críticas acusando a la oposición de convertir el pleno en “teatro” y de instalarse en el “ruido político”. La alcaldesa insistió en que la falta de efectivos es un problema estructural heredado de anteriores mandatos y calificó la situación como un “ERE encubierto” provocado durante años de mala gestión.

Álvarez defendió que su equipo ha cumplido los compromisos con la plantilla, destacando el pago de casi dos millones de euros de deuda acumulada en etapas anteriores y cerca de 650.000 euros en servicios extraordinarios durante 2025. Según explicó, la solución pasa por la aprobación de los presupuestos municipales de 2026, que incluirán una Oferta de Empleo Público para reforzar la Policía Local, algo que —subrayó— solo será posible con el voto favorable de la oposición.

La alcaldesa también respaldó la labor del delegado de Seguridad Ciudadana, Narciso Vital, asegurando que ha sido el único responsable que ha puesto límites al “abuso” de los servicios extraordinarios, y acusó a PP, PSOE y Vox de no haber presentado hasta ahora ninguna propuesta a los presupuestos.

Así pues, el pleno concluyó sin compromisos concretos ni acuerdos entre las partes, dejando patente el bloqueo político y la distancia entre gobierno y oposición. Mientras unos reclaman medidas inmediatas y refuerzos urgentes, el ejecutivo municipal insiste en que la única salida viable pasa por la aprobación de unos nuevos presupuestos.