La madre de Isabel es enferma de Alzheimer desde hace años. Su padre, sus hermanos y una tía, se turnan con ella para atenderla y asearla. En abril de 2017, acudió por primera vez a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz para solicitar una ayuda a través de la Ley de la Dependencia.

Tuvo que volver varias veces para culminar el papeleo porque siempre faltaba algún trámite por cumplimentar. Medio año después, en octubre de 2017, los servicios sociales valoraron a su progenitora como dependiente de Grado III. Pasaron otros siete meses hasta que se reconoció su derecho a una prestación. Eso fue en abril de 2018. La familia optó por la ayuda a domicilio.

La Junta de Andalucía envió una carta en diciembre confirmando su concesión, pero hasta el pasado lunes, casi dos años después de iniciar el proceso, no comenzó la prestación del servicio, que consiste en el desplazamiento de dos auxiliares sanitarios dos veces al día de lunes a sábado.

Detrás de cada cifra de personas a la espera de las ayudas de la dependencia se esconden historias como ésta, que demuestran que la lentitud con la que se cumplimentan los trámites burocráticos supone una carga añadida para los familiares de los beneficiarios.

“Y a veces ocurre que la ayuda llega tan tarde que se queda corta y hace falta repetir todo el proceso, porque la familia puede necesitar ahora un centro de día además de la ayuda a domicilio”, relata Rocío Marenco, trabajadora social de la asociación Alzhe Cádiz. También tiene repercusiones en la salud de los familiares. “Una enfermedad como ésta implica que a medida que avanza, más atenciones se necesitan. Y todo retraso conlleva que el cuidador también enferme”, agrega.

La burocracia impide que Alzhe Cádiz ocupe todas las plazas concertadas de su centro de día pese a la alta demanda

No sólo las familias sufren, sino también los centros y asociaciones que trabajan en dependencia. “El retraso de la Ley de la Dependencia significa estar todo el tiempo en la punta de la navaja económicamente”, explica la presidenta de Alzhe Cádiz, Mayka Marín.

Esta asociación cuenta con un centro de día con 60 plazas, de las que 30 están concertadas. Y de éstas, sólo hay 19 ocupadas, a pesar de la alta demanda. “Vemos a familias que sólo usan el taller y no el centro de día porque es lo más barato, mientras esperan desde hace mucho tiempo que se les asigne la plaza concertada”, relata Mayka Marín. A su vez, hay tres familias que tienen solicitada plaza en una residencia porque “se les queda corto el centro de día”, agrega Rocío Marenco.

Al drama personal se une la dificultad para sostener el centro con un bajo nivel de ocupación. “Tengamos o no cubiertas las plazas, estamos obligados a mantener un ratio de personal y servicio de catering o transporte así como los gastos del local”, recalca.

“No sabemos dónde está el atasco, porque cuando hemos hablado con los técnicos de la Junta, nos dicen que no hay expedientes a la espera de resolución”, señala la presidenta de Alzhe Cádiz, que recuerda que se sintió “orgullosa” cuando se aprobó la Ley de la Dependencia. “Pero no sé hasta qué punto hay dinero para una ley tan ambiciosa”, reflexiona Marín, que insiste en la necesidad de “revisarla para que acabe llegando a quien más lo necesita”.