No aparece entre las localidades que recibirán las ayudas de la Junta ni al alcalde de Vejer, Antonio González, le consta ningún movimiento al respecto: “Parece que sólo se reúnen con nosotros para decirnos que van a demoler casas”, dice. El caso llama la atención precisamente esta semana, cuando se ha vivido el derrumbe por orden judicial de dos viviendas en El Palmar: unas fincas que, desde Fomento, se apunta tenían un uso vacacional.

“Desde el mes de agosto llevamos pidiendo una reunión con la Consejería de Fomento para tratar de forma específica el asunto de El Palmar y, de momento, no se ha obtenido respuesta, y la paciencia se está agotando –indica Antonio González–. Al margen de que quieran vender que todas las viviendas bajo procedimiento administrativo son turísticas, no es así, porque conocemos los casos, y hay muchas únicas viviendas. Y los derribos les suelen tocar a gente humilde, que en muchas ocasiones tiran de abogado de oficio”.

“No busco enfrentamiento –continúa– pero, como alcalde, pido coordinación entre administraciones y recursos y herramientas. Somos un municipio pequeñito, no tenemos mucha capacidad, hacemos lo que podemos respecto a vigilancia y control, pero necesitamos recursos para poner en marcha planes de regularización y planes especiales”.

El caso de Vejer tiene la peculiaridad de gozar de un imaginario reconocible a nivel nacional (y hasta el infinito y más allá) y contar con un monedero pequeño. Soluciones como las que plantea la plataforma de Chiclana, con un equipo de asesoría permanente a nivel municipal, resultan imposibles en este caso: “Para eso –indica Antonio González–, necesitaría ayuda de la Junta. Conil y Barbate tienen más capacidad, Chiclana, desde luego. Vejer es un destino muy atractivo, con mucha zona rural, pero pocos recursos”.