Las balsas de acuíferos de Vejer-Barbate, Chiclana hasta Jerez, la del Guadalete (San José del Valle) y la de Arcos aparecen como aguas subterráneas sobreexplotadas o en mal estado en la provincia, según el informe que hecho público recientemente por Greenpeace. Los acuíferos de Villamartín y Grazalema presentan, sin embargo, buena salud, según esos mismo datos. En la zona del Campo de Gibraltar, las balsas situadas en torno a la zona de Jimena se encuentran comprometidas, pero no así las que llegan al litoral.

La organización ecologista recuerda que “aunque los acuíferos son bienes de dominio público, es necesario pedir autorización administrativa siempre y cuando el volumen total anual extraído sobrepase los 7.000 metros cúbicos o cuando los acuíferos hayan sido declarados como sobreexplotados o en riesgo de estarlo”.

Como desde hace tiempo vienen advirtiendo también voces desde otras plataformas medioambientales, como Ecologistas en Acción, la provincia gaditana cuenta con distintas zonas que presentan una situación de estrés hídrico, en un arco que se extiende desde el extrarradio de Chiclana hasta Tarifa, pasando por El Palmar, Zahora o Caños de Meca, con zonas en las que abundan las viviendas sin abastecimiento ni saneamiento. Enclaves como Pago del Humo tienen carencias graves al respecto, habiendo ya reclamado los vecinos acceso a los servicios básicos al ayuntamiento chiclanero.

Los acuíferos son especialmente sensibles a la proliferación de pozos ilegales

Los acuíferos sufren especialmente, además, con la proliferación de pozos ilegales, incluso los domésticos; el sistema funciona gracias a la porosidad de la arena y la roca caliza, de forma que puede contaminarse con los residuos: las aguas de los pozos ciegos terminan también en los acuíferos (o, directamente, en el mar). Los acuíferos son también especialmente vulnerables, en aquellas balsas próximas a la costa, a la subida progresiva del nivel del mar, aumentando su saturación salina.

Las reservas de los acuíferos adquieren especial importancia, además, como puntos estratégicos de recursos hídricos en períodos de sequía, siendo como son una de las principales fuentes de suministro para el uso doméstico y para su aprovechamiento agroganadero e industrial –por lo que, también, pueden estar sometidos a sobreexplotación y ser susceptibles de contaminación por nitratos y fertilizantes–.

“El dominio público hidráulico es un bien común cuyo objetivo es garantizar la protección de los recursos hídricos y su ecosistema –continúan desde Greenpeace–. Sin embargo, lejos de estar protegidas, el 44 por ciento de las masas de aguas subterráneas se encuentra en mal estado por contaminación o por sobreexplotación, a menudo ilegal e indiscriminada, para regadíos y desarrollo urbanístico”.

Respecto al tema de las denuncias, a la organización ecologista le constan tres denuncias tramitadas en Jerez. La provincia gaditana no aparece, en el periodo 2013-2017, en el recuento de denuncias por pozos ilegales, aunque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es la demarcación que mayor daño al dominio hidráulico acumula: casi 8 millones de euros, y sólo por pozos ilegales se calcula un perjuicio de 2.302.342 euros.

Según la misma confederación, en Doñana se concentran más de la mitad de los expedientes sancionadores de toda la cuenca del Guadalquivir. El Seprona, por su parte, indica que entre 2013 y 2017, hubo 470 de denuncias por extracción ilegal de agua, 371 denuncias por pozos ilegales detectados y pozo ilegal cerrado. En cinco años, según datos de la Confederación, se tramitaron 974 denuncias por extracciones ilegales de agua y 968 pozos ilegales en su zona de influencia, aunque las estimaciones sólo para el área de Doñana-Almonte, afirman los ecologistas, calculan un millar de pozos ilegales.