El Supremo absuelve a uno de los condenados en el caso Popeye
Quedan ratificadas las penas impuestas a otros cinco procesados que también recurrieron
El Tribunal Supremo ha absuelto a uno de los 32 condenados del caso Popeye -una trama vinculada con el tráfico de hachís en Barbate- para el que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz había dictado una pena de dos años y seis meses de prisión como autor de un delito de conspiración.
Según consta en la sentencia, el sujeto finalmente exculpado realizó labores de vigilancia, desembarco y transporte de drogas en una operación que tuvo lugar en septiembre de 2012 y en la que la Guardia Civil interceptó 16 fardos (480 kilos) de hachís, además de procesar a más de una treintena de individuos, algunos de ellos miembros de una misma familia.
El alto tribunal entiende que "no existe base probatoria indispensable para situar al recurrente en los preparativos" de dicha operación. Además, en las conversaciones telefónicas que fueron grabadas durante la investigación del caso, "la Sala no detecta significación incriminatoria alguna en los fragmentos transcritos en la sentencia recurrida" que afectan a este procesado. Tampoco en el sms intercambiado con otro de los imputados. Por todo esto el Supremo concluye que "la afirmación del delito exigiría algo más que su estancia como mero espectador" en el lugar de los hechos.
Éste ha sido el único recurso resuelto favorablemente de los seis interpuestos por otros condenados del caso Popeye, para los que se mantiene los respectivos pronunciamientos de la sentencia dictada en primera instancia.
Ese fallo explica que la investigación que llevó a 32 procesados al banquillo (hay uno más que se encuentra en rebeldía) se inició a raíz de una denuncia presentada por uno de ellos. El 17 de diciembre de 2009, A.G.S. acudió al puesto de la Guardia Civil de Barbate y dijo que había sido agredido por dos personas, otros dos procesados. Había participado con ellos en el desembarco de 16 fardos de hachís (480 kilos) y se había perdido uno. Los otros lo acusaban de haberse quedado con él. El hombre contó que el día anterior lo habían llevado a una finca y que allí le habían amenazado con pegarle un tiro y arrojarlo luego a un pozo si no devolvía el fardo de hachís.
Así comenzaron las pesquisas. La Guardia Civil supo que el alijo y el ajuste de cuentas podían estar relacionados con un vecino de Barbate, Ramón Junquera Figueroa, alias Popeye, que resultó ser el líder de un amplio grupo que se dedicaba al tráfico de drogas.
La resolución de la Audiencia señala que las indagaciones llevaron a constatar la llegada a la costa barbateña de un cargamento de hachís, en marzo de 2010, que fue sustraído y que deparó un encuentro y un violento enfrentamiento entre algunos procesados y miembros de una organización marroquí en el aparcamiento de un restaurante de La Barca de Vejer.
En abril hubo un nuevo alijo. El cargamento fue trasladado a una finca cercana a Benalup. Y en mayo, el día 13, también se produjo otro. Hacia las ocho de la tarde iba a ser desembarcado en los acantilados de Barbate, en la zona de Caños de Meca. Eran 25 fardos, unos 731 kilos de hachís que la operación policial llegó a capturar.
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