La Policía detiene a los hombres de confianza de Ruiz-Mateos en Jerez
Registran la casa del exdirector de Nueva Rumasa y una caja de seguridad a su nombre en un banco por orden del Juzgado · Los detenidos se encargaban de los pagarés
Efectivos de la Policía Judicial, por orden del titular del juzgado de Instrucción número 4 de Jerez, están desarrollando una amplia operación en Jerez que ha llegado a saldarse hasta con cuatro personas detenidas entre directivos y empleados de Nueva Rumasa en Jerez durante la etapa de los Ruiz-Mateos al frente del grupo empresarial. Entre los detenidos se encuentra R.R.L, alto directivo y mano derecha de José María Ruiz-Mateos en Jerez, que tras permanecer detenido e incomunicado en dependencias policiales de Cádiz fue puesto en libertad con cargos ayer por la mañana.
La Policía practicó el lunes al menos dos registros, uno de ellos en el domicilio de R.R.L. (ubicado en la urbanización Parque Jacaranda) y otro en una entidad bancaria de la calle Larga. El ex directivo fue el responsable de la documentación de los pagarés hasta un mes antes de la declaración de los concursos de acreedores voluntarios en las principales empresas del grupo y tenía una caja de seguridad a su nombre en una sucursal bancaria.
El registro bancario se prolongó desde primera hora de la mañana del lunes hasta primera hora de la tarde y según la información a la que ha tenido acceso este medio los agentes encontraron en la caja de seguridad una importante cantidad de dinero así como diversa documentación. Dichos papeles se relacionan al parecer con la emisión de pagarés que también investiga la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de estafa e insolvencia punible de los Ruiz-Mateos.
En el registro participó media docena de policías del grupo III de la Udyco (Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado) procedente de Cádiz así como funcionarios de la Agencia Tributaria. Dicho registro se realizó en presencia del propio R.R.L., en calidad de detenido, y del secretario judicial. Cabe destacar que todos los registros parten de la denuncia presentada por un único inversor que, tras perder sus ahorros, acudió al juzgado para denunciar los hechos.
Según fuentes jurídicas, en el curso de la operación se detuvo a otras tres personas que luego fueron puestas en libertad, en concreto, la administradora de Complejo Bodeguero Bellavista, a un empleado que hacía las veces de apoderado y a la secretaria del exalto directivo de Nueva Rumasa. Estos últimos fueron defendidos por abogados del conocido Bufete Cosano. Todos ellos estaban presuntamente vinculados con la gestión de los pagarés, actividad que se desarrollaba tradicionalmente desde una oficina de la calle Porvera conocida popularmente como 'el banquito', si bien dicha actividad se trasladó posteriormente a las dependencias de las bodegas Sandeman en la calle Pizarro. Buena parte de los inversores afectados en este caso -se estima que un tercio del total (casi dos mil)- tienen su origen en Jerez. Según pudo saber este medio, una de las bases de la acusación contra los representantes jerezanos de la familia Ruiz-Mateos podría estribar en el presunto hecho de que siguieron captando inversores para los pagarés cuando ya sabían que jamás se recuperaría el dinero. Es decir, que se consumó una presunta estafa.
A modo de curiosidad, cabe señalarse que el padre de uno de los detenidos en la ciudad de Jerez, concretamente el del apoderado, ha sido imputado por el juez Pablo Ruz en la causa abierta por la Audiencia Nacional contra José María Ruiz-Mateos, su esposa Teresa Rivero, sus seis hijos varones por supuestos delitos de estafa, insolvencia punible y administración desleal en la venta de pagarés emitidos por hasta 13 sociedades de Nueva Rumasa.
Otro hecho destacable es que esta operación, independiente por el momento de las que ha acometido la Audiencia Nacional, comenzó apenas tres días antes de que el plazo del secreto de sumario dictado por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional venza, fecha que se cumple justamente hoy. Este magistrado decretó el secreto de sumario para la pieza separada ante la necesidad de "preservar las pesquisas del conocimiento de terceras personas ajenas a la investigación y, en su caso, de los imputados, a fin de culminar la investigación sin pérdida de datos".
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