Parte de la plantilla de Esabe sigue sin cobrar la última nómina
Representantes de los trabajadores acuden hoy a la Inspección de Trabajo
Alrededor de un 20% de la plantilla que tiene en la provincia la empresa Esabe, dedicada a la seguridad privada, aún no ha cobrado su salario. Según el convenio que regula su relación laboral, deberían haber percibido la del mes de marzo antes del lunes de la pasada semana. Sin embargo fue a partir del martes cuando comenzaron a cobrarla algunos trabajadores.
Por este motivo, la plantilla está realizando movilizaciones. Así, el pasado viernes llevó a cabo un encierro en la única delegación comercial que la empresa tiene en la provincia. Ésta se encuentra en la calle Hibiscos, en la barriada de El Tejar. Y ayer por la mañana volvieron a hacerlo. Sin embargo, a la hora del cierre de la oficina se volvió a personar en el lugar varios agentes de la Policía Nacional quien instaron a los representantes de los trabajadores a que la desalojaran alegando que las normativas de seguridad impiden que en este tipo de locales haya personal ajeno a los servicios de administración fuera del horario de atención al público. Para evitar cualquier tipo de enfrentamiento con los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el presidente del comité, Juan Bernal, comentó que se tomó la decisión de marcharse de las instalaciones.
Para hoy está previsto que una representación de los empleados mantenga un encuentro con miembros de Inspección de Trabajo de la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz. En la reunión se denunciará que Esabe lleva varios meses retrasándose en el pago de las nóminas. De hecho, asegura que se pueden estar produciendo irregularidades en el pago de los sueldos ya que hay empleados que lo han percibido mediante un cheque y no a través de transferencia bancaria. Desde el comité de empresa se apuntó que la dirección de Esabe alega que carece de liquidez para hacer frente al pago de las nóminas en los plazos estipulados por el convenio colectivo, argumento que no es compartido por la representación de los trabajadores que asegura tener constancia que las administraciones públicas y las empresas que tienen contratados servicios con la compañía de seguridad pagan puntualmente.
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