Navantia deberá pedir una nueva licencia para la exportación de las cinco corbetas que está fabricando en su astillero de San Fernando y el Gobierno se ha comprometido a examinar esta autorización "con todo rigor" antes de dar el visto bueno a su salida a Arabia Saudí.

El contrato con Arabia Saudí para la venta de estas cinco corbetas fue firmado en julio de 2018 por un importe de casi 2.000 millones de euros y  supuso la creación de una empresa conjunta formada por Navantia y la sociedad SAMI (Industrias Militares de Arabia Saudí). La operación estuvo envuelta en la polémica debido a la objeción de varios partidos políticos y ONG a la venta de material de defensa a Arabia Saudí debido a su implicación en la guerra de Yemen.

Todas las exportaciones de armamento deben recibir previamente autorización de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (Jimddu), dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio.

En una respuesta parlamentaria al diputado de Bildu Jon Iñarritu, recogida por Europa Press, el Gobierno asegura que "no ha sido presentada todavía una solicitud de licencia de exportación definitiva".

 Navantia sí presentó un acuerdo previo de exportación que recibió el visto bueno en julio de 2015, pero que ya ha caducado y por tanto la empresa pública deberá volver a solicitar el aval a la venta.

"La futura licencia será examinada con todo rigor de acuerdo con las prohibiciones y los parámetros contenidos en el Tratado sobre el Comercio de Armas, lo dispuesto en la legislación española y los ocho criterios de la Unión Europea", garantiza el Ejecutivo.

Navantia había previsto este mes de abril la botadura del primer buque en San Fernando, aunque los trabajos de construcción están paralizados desde el pasado 16 de marzo por la declaración del estado de alarma. La quinta y última embarcación deberá ser entregada en 2022, según el acuerdo suscrito con Arabia Saudí.