Manella: "Me alegro de acabar con los diez años de pena en el banquillo"

Dieciocho horas de vista repartidas en cuatro días y más de una década de instrucción dejaron el caso de la adjudicación del concurso de ideas que mejoraba el entorno del castillo de Santa Catalina, en Tarifa, visto para sentencia. Nada nuevo en los informes finales entre los que sorprendió la inusitada dureza del planteado por el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, y la extensa y técnica planteada por los cuatro abogados de los doce acusados en las que se mantuvieron las peticiones de pena en el primer caso -inhabilitación de hasta 20 años y penas de dos años de prisión para algunos de ellos- y la absolución en el caso de los letrados que representan a los acusados.

En el último turno de palabra, el exalcalde socialista tarifeño, Miguel Manella, aseguró que "lo único que pretendí en este caso fue poner en valor un lugar como el castillo sin coste para el Ayuntamiento" y añadió que la denuncia parte de "la enemistad con el denunciante, Juan Andrés Gil, que lo único que quería era acceder a la alcaldía", además de concluir con que "me alegro por terminar con esa pena de banquillo que hemos sufrido durante diez años". Uno de los empresarios, Frank Klapp, que en la actualidad vive en Estados Unidos, se preguntó que "lo único que pretendía al llegar a este juicio era saber qué estoy haciendo aquí. Lo que no sé es porqué no está en el banquillo quien nos ha acusado".

A la hora de presentar los informes, el ministerio público mantuvo la línea de extrema dureza empleado en su escrito de calificación y aseguró que "Tarifa en lo que se refiere a la aplicación del derecho administrativo era el Ayuntamiento del horror".

El turno de los letrados de la defensa que se repartieron los distintos aspectos que fueron debatidos en el transcurso de los últimos cuatro días, se basó fundamentalmente en la "inexistencia de pruebas que sostengan el argumento de las acusaciones, es decir que hubo una connivencia entre los adjudicatarios y los representantes públicos" y fueron desmontando con los informes de la secretaria general del Ayuntamiento y de los técnicos del mismo la "pretensión de que los acusados constituían casi una banda con un capo que era uno de los empresarios que desarrolló el proyecto".

La sombra de quien ejercía la acusación -Juan Andrés Gil- de quien se dijo "no querer hacer leña del árbol caído" en referencia a la moción de censura a la que hacía frente, paradójicamente, mientras se hablaba de él en la sala, planeó sobre todas las argumentaciones que se dieron en defensa de los doce acusados.

Queda por conocer en la sentencia de qué manera el magistrado Carlos Iglesias valorará la dilación de más de una década en la celebración del juicio y si considera probada la implicación de los acusados en los dos delitos de prevaricación.